Nuevos testimonios y una revisión a fondo del sumario del caso sacan a la luz datos sustanciosos sobre el desvío de fondos que tuvo en la cuerda floja a Jordi Pujol hace tres décadas
En 1984, los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena presentaron una querella por supuesto desvío de fondos contra varios directivos de Banca Catalana, entre los que se encontraba Jordi Pujol.
En concreto, se les acusaba de la compra irregular de valores inmobiliarios, con dinero de la caja B, para financiar distintas operaciones gravosas para la entidad, que terminó siendo intervenida en 1982. Los fiscales también sostenían que Pujol y el resto de consejeros se habían repartido más de 105 millones de pesetas en dividendos entre 1974 y 1976, cuando el banco ya tenía importantes pérdidas.
El entonces presidente catalán atribuyó la acción del ministerio fiscal a una «jugada indigna» del PSOE, que gobernaba entonces en España, tal como clamó Pujol ante una masiva manifestación de apoyo incondicional organizada de forma no muy espontánea.
Pere Ríos sostiene en este libro que, pese a sus reiteradas declaraciones en contra, Pujol y sus allegados sí se enriquecieron con Banca Catalana. Y que, de hecho, es ahí, con ese banco supuestamente creado para «hacer país», donde se comienza a forjar el patrimonio de los Pujol, es decir, cuando arranca esa historia que tuvo un punto y aparte explosivo el 25 de julio de 2014, el día que Jordi Pujol confesó una supuesta herencia de su padre que mantuvo oculta durante más de tres décadas a la Hacienda española.
