Podemos Extremadura muestra su más profunda disconformidad con el fondo y la forma del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 que se está negociando actualmente entre el Gobierno de Extremadura y la Comisión Europea. La formación política no comparte el contenido del borrador que se ha hecho público, y en el que, según asegura, se observan graves incongruencias y líneas de actuación que se sustentan en análisis sesgados y muy poco argumentados.
Esta falta de solidez argumental del PDR 2014-2020, asegura Podemos, es consecuencia directa de la falta de diálogo y transparencia en la gestión de la información por parte del Gobierno de Extremadura. A los diferentes actores implicados no se les ha dado ni la información, ni el tiempo, ni los canales de comunicación suficientes para que pudieran aportar su perspectiva y enriquecer así el deficiente texto al que han tenido acceso. Podemos considera que el Gobierno regional se salta el Reglamento Delegado (UE) 240/2014 relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, así como el Reglamento (UE) 1303/2013 de Disposiciones Comunes para los fondos MEC, especialmente de su artículo 5 y otros relativos a las disposiciones sobre la gobernanza multinivel y del Convenio Aarhus sobre «acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente» que fue ratificado por la UE en 2005.
Por todo ello, Podemos Extremadura hace pública su adhesión a la carta, firmada por más de ochenta organizaciones, dirigida a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, en la que se le insta a que garantice:
La puesta a disposición pública inmediata de las versiones de los programas de desarrollo rural estatales y autonómicos remitidas a la Comisión Europea y de los correspondientes documentos de trabajo.
La reactivación o habilitación de los canales de interlocución necesarios con todos los interesados.
La participación, en tiempo y forma adecuada, de los agentes sociales y ambientales hasta el final del proceso.
La publicación de las respuestas de valoración de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Agricultura, a las aportaciones recibidas.
