El 24 de abril de 2012 la juez Mercedes Alaya dictaba un Auto dictando la prisión provisional y sin fianza de Antonio Fernández García, Viceconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, donde dejaba de forma clara y palmaria que la Junta había ideado un sistema para eludir los controles que la Intervención pudiera hacer a los expedientes de subvenciones y ayudas públicas. —Los 10 casos de corrupción más escandalosos de Andalucía—
Alaya le señalaba como el ideólogo del sistema por el que se concedían unas ayudas que considera «nulas de pleno de derecho» y le imputó formalmente seis delitos en la trama de los ERE.
Hechos por los cuales, toda la cúpula política de la propia Junta está a día de hoy imputada aunque, sorprendentemente, aún no lo está la que entonces era Consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz Pacheco.
El asunto, tras el Auto de la juez Alaya, se ponía muy feo para los principales dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como para otros consejeros y es entonces, cuando a Susana Díaz, no se le ocurrió mejor solución para desacreditar las teorías de la juez que iniciar un expediente de contratación, por Procedimiento Negociado Sin Publicidad.
A mediados de 2012, con objeto de encargar un informe en materia económico presupuestaria, la entonces Consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz encargó un controvertido informe: «Realización de un estudio científico de investigación jurídico-administrativo y financiero de carácter técnico relativo a materia económico-presupuestaria».
Susana Díaz, que había sido nombrada consejera por Griñán en mayo de 2012, no tuvo empacho en designar 60.000 euros de fondos públicos con el objeto de intentar salvaguardar sus propios intereses y del resto de altos cargos de la Junta de Andalucía.
Lo anterior demuestra que Susana Díaz, no tiene ninguna pega cuando se trata de externalizar determinados informes que bien pudieran haber sido realizados por la propia intervención de la Junta de Andalucía o por cualquiera de los asesores económicos que abundaban en su propio Gobierno.
La adjudicación del citado expediente de contratación es presuntamente irregular, ya que se va a adjudicar a la Universidad Carlos III sin haber pedido oferta, al menos, a otras dos empresas, como exige la Ley de Contratos del Sector Público, tal como vemos en el documento de adjudicación del contrato:
