Chaves afirma ante el Supremo que "nunca jamás" ha tomado una "decisión ilegal"
Manuel Gómez Martínez, quien fuera interventor general de la Junta de Andalucía desde 2000 a 2010 y el único que alertó de irregularidades en el sistema de los ERE, ha anunciado que va a solicitar prestar declaración en el Tribunal Supremo para desmontar el «cúmulo de invenciones» de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
«Ambos han basado su defensa en tratar de desviar su evidente responsabilidad en el fraude hacia los interventores de la Junta de Andalucía».
«Esta conducta de los dos expresidentes es una indignidad; actúan embozados bajo el inicuo aforamiento tras el que se esconden, sin que los aludidos podamos responder».
«Es indecente desviar hacia los inferiores la responsabilidad por actos propios».
El ex interventor compara la pasividad de los expresidentes imputados con el de un alcalde que decide apagar todos los semáforos de la avenida con el presunto propósito de mejorar la fluidez del tráfico.
«Ahora, el alcalde niega que él apagara los semáforos y pretende desviar su responsabilidad por los muertos en accidente hacia la policía de tráfico. Cuanto más insiste el alcalde en ello más parece que el motivo de la medida no fue la fluidez del tráfico, sino permitir la huida de los ladrones con más facilidad».
Después de conocer el contenido de las declaraciones de quienes han presidido la Junta de Andalucía en los últimos 25 años, Gómez confiesa sentirse «tan avergonzado de ser andaluz que, si fuera legalmente posible, pediría de inmediato mi desnaturalización».
EL TEATRO DE MANUEL CHAVES
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha reiterado en el Tribunal Supremo que durante el tiempo en que ha sido presidente de la Junta de Andalucía, durante 19 años:
«Nunca jamás de ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal. Nunca».
Tras declarar ante el instructor del caso tres horas ha señalado que con él como jefe del Ejecutivo autonómico, en la Junta «ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad», una actuación, ha dicho, que siempre ha marcado su trayectoria política, dentro y fuera de Andalucía.
«Cualquier decisión política o normativa que he tomado siempre ha estado basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios».
Dice que fue él quien pidió voluntariamente declarar y que por fin ha podido explicar su relación con el «problema».
El expresidente andaluz ha sido el tercero de los cinco aforados citados por el Supremo en el marco de la investigación sobre los ERE fraudulentos.
El pasado martes declaró exconsejero de Empleo José Antonio Viera, y dos días después lo hizo el exjefe del Ejecutivo autonómico José Antonio Griñán.
Como ellos, también Chaves se ha desvinculado del desfalco a las arcas públicas que supusieron las transferencias de financiación con las que la Junta eludió el control propio de las ayudas y subvenciones a empresas y particulares.
El diputado ha comparecido como imputado en relación a los «actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas».
Así, ha tenido que responder ante el juez Alberto Jorge Barreiro a preguntas relacionadas con los actos que realizó en calidad de presidente de la Junta y con los informes de la Intervención General del Estado (IGAE) que cuestionaban el sistema elegido para la otorgar las ayudas socio-laborales: las transferencias de financiación.
Su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, aseguró que en su época de consejero de Hacienda no llegó a tener conocimiento de esas advertencias porque su viceconsejero no le mostró esos informes, con lo que era de esperar que Chaves, que entonces estaba por encima de Griñán, utilizara hoy la misma estrategia de defensa y también alegara desconocimiento.
Según la juez Mercedes Alaya, el Consejo de Gobierno tuvo que conocer el desarrollo del sistema, calificado de «subversión normativa y procedimental», y Chaves, en calidad de presidente, debió paralizar o advertir del algún modo la presencia del presunto fraude.
Precisamente bajo su mandato se firmó el convenio marco que generó el sistema de ayudas en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA-IDEA a partir de 2004).
En este acuerdo plasmó su firma el exconsejero Viera, que en su declaración ante el juez alegó que nunca cuestionó que los papeles que le ponían sobre la mesa para rubricar no hubieran pasado los controles oportunos.
En su exposición razonada ante el Alto Tribunal, Alaya sostenía que tanto Chaves y Griñán debieron tener puntual conocimiento del presupuesto de la Junta por su condición de miembros de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el órgano en el que se discutía dicho presupuesto antes de ser enviado al Parlamento.
El expresidente, que no ha respondido a las preguntas de los periodistas, ha señalado que las ayudas sociolaborales recogidas en los presupuestos de la Junta de Andalucía tuvieron un «efecto positivo» para los trabajadores y que, además, estaban basadas en los acuerdos de concertación firmados con los sindicatos y organizaciones empresariales.
«Si hubo alguna persona que utilizo fraudulentamente los fondos serán los jueces los que determinen si las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no».
