El ayuntamiento de Fuente del Maestre (Badajoz), gobernado desde hace tres legislaturas por el alcalde y diputado regional del PP D. Juan Antonio Barrios García, lleva años sin remitir buena parte de los expedientes de obra del conjunto histórico a la Comisión Provincial de Patrimonio.
A pesar de esto, la Consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, respaldó el pasado 9 de abril su candidatura a la alcaldía para las elecciones de 2015.
El Círculo Podemos de Fuente del Maestre alerta que buena parte de las obras realizadas en el Conjunto Histórico declarado Bien de Interés Cultural de la localidad no ha sido autorizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural, debido a que el ayuntamiento no ha remitido los proyectos a la comisión provincial. Esta situación imposibilita que los ciudadanos puedan cumplir con el procedimiento que obliga la ley, pudiéndoles acarrear injustamente sanciones y paralizaciones, que de paso perjudican a promotores, constructores y arquitectos.
El asunto ya ha sido advertido por la misma Dirección General de Patrimonio Cultural. El Jefe del Servicio Territorial de Cultural de Badajoz, en un acuerdo tomado por la Comisión de Patrimonio el pasado mes de octubre en relación a unas obras iniciadas sin la autorización pertinente, advertía: «Don José Luis Mosquera Müller quiere hacer conocedora a esta Comisión que, siendo que de la localidad de Fuente del Maestre, declarada BIC como Conjunto Histórico, no se recibe expediente alguno de obra, como ello es preceptivo, la Dirección General de Patrimonio Cultural va a cursar escrito recordándole al Ayuntamiento esta circunstancia»
Pero el recordatorio no habría sido el primero. En este escrito enviado al alcalde por la Dirección General, al que ha podido tener acceso el Círculo Podemos, puede leerse que en el año 2012 el mismo José Luis Mosquera y el Jefe de Servicio de Obras y Proyectos de Patrimonio Histórico, José Antonio Galván, durante una visita realizada a la localidad, le recomendaron que todos los proyectos de obra a acometer en el conjunto histórico se remitieran a la Comisión Provincial de patrimonio, como es preceptivo.
Esta obligatoriedad tiene como base el artículo 42 de la Ley de Patrimonio Cultural de Extremadura, la cual señala que, hasta la aprobación de un plan especial de protección, todas las intervenciones que se realicen en un conjunto histórico declarado deben estar autorizadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural. Respecto a la autorización de las obras, cabe decir que no todos los inmuebles tienen el mismo valor histórico, por lo que los criterios de actuación no son idénticos para todas las intervenciones, existiendo diferentes niveles de protección.
La inexistencia continuada de una legalidad administrativa en la gestión urbanística del conjunto histórico de Fuente del Maestre, declarado desde el año 1999, ha provocado una reducción considerable de sus características definitorias y un deterioro notable. Esta lamentable situación hay que achacarla a la poca o nula disposición hacia la protección del patrimonio cultural demostrada por parte de sus gobernantes, quienes nunca han tenido una visión estratégica sobre sus posibilidades reales, más allá de la electoralista.
Por eso se explica que, en la época en la que existían las Áreas de Rehabilitación Integrada, suprimidas por el Partido Popular al llegar al gobierno en el 2011, el conjunto histórico de Fuente del Maestre fuera uno de los pocos que no dispuso de una de estas oficinas técnicas, que se creaban por convenio entre la Junta y el ayuntamiento. Ilustrativo de esta desidia política es también el cuestionamiento público con el que el actual alcalde justificó la desacertada intervención de la Plaza de España, que supuso la destrucción de un mosaico único: «¿Es que son más importantes las piedras que el empleo o tienen los trabajadores que pasar hambre?» que prueba, por otra parte, la pobreza de discurso de buena parte de la clase política que nos gobierna.
Ante estas circunstancias, el Círculo Podemos, por una parte, insta a los ciudadanos y asociaciones a que exijan al ayuntamiento el cumplimiento de la ley, ya que así se favorece la conservación de las características arquitectónicas del conjunto histórico y se evitan sanciones y paralizaciones indeseadas. Por su parte, aclara que, si hubiera un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, el ayuntamiento podría autorizar las obras (a excepción de las arqueológicas), sin la necesidad de pasar por patrimonio, por lo que exige su elaboración.
