Hacienda desvela una posible trama de cobro de comisiones ilegales en la construcción de parques eólicos en Castilla y León. La Agencia Tributaria ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción un informe en el que recoge el presunto pago por parte de las eléctricas de hasta 110 millones de euros a políticos y «autoridades públicas» de la citada comunidad autónoma por agilizar la tramitación de permisos, informa este 20 de abril 2015 el diario El País. —Hacienda detecta comisiones en la autorización de parques eólicos—
Entre los políticos señalados está el que fuera viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, responsable de conceder los permisos para la instalación de los parques. También aparece destacado Alberto Esgueva, ex consejero delegado de la empresa pública dedicada a las exportaciones Excal.
En el informe, de 94 folios y fechado el pasado 30 de diciembre, se denuncia «la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo», en la que Hacienda incluye a «autoridades públicas de Castilla y León», «las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques», «los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas» y «las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros».
Las indagaciones del fisco afectan a siete operaciones en las que empresarios locales o altos cargos cobraron directamente o en forma de acciones de las sociedades explotadoras de los parques eólicos sin que haya constancia de que prestaron a cambio servicio alguno.
Se trata de 35 parques eólicos aprobados entre 2004 y 2007, aunque se han descubierto pagos presuntamente irregulares hasta 2009, cuando esos parques comenzaron a funcionar.
La inspección realizada por la Agencia Tributaria ha revelado una relación concreta entre los pagos y la agilización de concesiones administrativas o decisiones de la Junta que, en algunos casos, llevaban hasta seis años bloqueadas.
Recompra de acciones
Las eléctricas creaban empresas mixtas con políticos o empresarios locales «relacionados con el poder autonómico», afirma El País, y, una vez obtenida la autorización necesaria, les recompraban sus acciones por un precio muy superior al capital inicial aportado.
Para poner en marcha el entramado, Hacienda constata que «fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad, propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (Caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías de la Junta (Caso del Grupo Collosa y del Grupo Parqueolid)».
El informe, que insta a Anticorrupción y al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía a que continúen investigando, refleja además lo «sorprendente» que resulta que «en los meses previos» a que Rafael Delgado pase de ser viceconsejero de Economía a secretario general de la misma consejería «se produjera la firma de un gran número de resoluciones».
Concluye el inspector encargado de este caso que «el exorbitante volumen de las cantidades de dinero transferido (…) lleva a considerar que no nos encontramos ante el supuesto coloquialmente conocido como conseguidores».