Acoso de CiU, ERC, ICV y la CUP a una familia de Mataró por pedir educación bilingüe
Una docena de entidades cívicas de toda España -junto al PP catalán, Ciudadanos, UPyD y Vox- han firmado un manifiesto en el que denuncian el «acoso» que una familia de Mataró ha sufrido por parte de entidades y partidos nacionalistas (CiU, ERC, ICV y la CUP) por pedir una educación bilingüe para sus hijos, y en el que exigen el cumplimiento de las sentencias judiciales que ordenan que tanto el catalán como el castellano sean lenguas vehiculares de la escuela de forma equilibrada.
El documento, que lleva por título ‘En defensa de la libertad y la legalidad, y contra el acoso nacionalista’, ha sido suscrito por Asociación por la Tolerancia; Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), Ágora Socialista; Círculo Balear; Círculo Cívico Valenciano; Foro España Hoy; Galicia Bilingüe; Impulso Ciudadano; Libres e Iguales; Mesa por la Libertad Lingüística; Movimiento Cívico de España y Catalanes, y Movimient Cívic 12-O.
«Deleznable acto de acoso» a la familia de Mataró
El manifiesto empieza recordando que «recientemente, varios partidos políticos nacionalistas catalanes (CiU, ERC, ICV, CUP) participaron activamente en Mataró en un deleznable acto de acoso hacia una familia de la Escuela Pía Santa Anna».
«Esta familia simplemente había pedido para sus hijos un modelo educativo en el que hubiera un mayor equilibrio en el número de asignaturas impartidas en las dos lenguas oficiales. El sistema actual excluye sistemáticamente el castellano de las aulas, reduciéndolo al nivel de una lengua extranjera».
¿Se toleraría en países del entorno un desacato reiterado a las sentencias?
El texo considera que «es inadmisible que estos partidos pidan impunemente el desacato de las sentencias y, lo que es peor, que fomenten a través de sus asociaciones afines y subvencionadas con el dinero de todos el acoso y el aislamiento de ésta y otras familias que simplemente reclaman unos derechos pisoteados por la Administración catalana, tratándolos como si fueran unos inadaptados, cuando no unos apestados y enemigos de Cataluña».
Por todo ello, se pregunta: «¿Sería socialmente admisible una actitud semejante de acoso contra cualquier persona o colectivo que reclamara sus derechos reconocidos por la Constitución y amparados con sentencias judiciales? ¿Se toleraría impunemente en cualquier país de nuestro entorno un desacato reiterado a las sentencias firmes de los Tribunales de Justicia por parte de un organismo oficial?».
Críticos con el apoyo del PSC a la inmersión obligatoria
El manifiesto también se muestra crítico con el apoyo del PSC al modelo de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que se aplica ilegalmente en Cataluña:
«Es impresentable que un partido como el PSOE, que puede ser alternativa de gobierno, siga aún defendiendo, a través del PSC, la inmersión lingüística forzosa en catalán y la exclusión del castellano, y que se alinee con estos partidos criticando al Gobierno de la nación por haber presentado un recurso contra el modelo de inscripción en las escuelas catalanas».
«Dicho modelo es a todas luces ilegal, ya que no pregunta a los padres en qué lengua materna y oficial de Cataluña quieren la escolarización de sus hijos en los primeros años de la enseñanza, tal como prevé la ley».
Exigen la supresión de la inmersión
Los firmantes destacan:
«Las diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), corroboradas por el Tribunal Supremo (TS), obligan a que se imparta, como mínimo, un 25 % de las clases en lengua castellana, incluyendo una asignatura troncal, lo cual no supone ningún ataque contra la lengua catalana, por mucho que así lo quieran vender los políticos nacionalistas que, disfrazados de su habitual victimismo, arremeten de forma antidemocrática y con métodos de presión que rozan el más puro fascismo contra los que no comulgan con su credo».
Y finalizan señalando:
«Exigimos el cumplimiento de las sentencias que suponen el fin de la inmersión forzosa en catalán, y piden que si el Gobierno de la Generalidad se mantiene firme en la deslealtad institucional y el desacato a las sentencias, les sean retiradas las competencias de educación y que sean devueltas al Gobierno Central».
