EN 2014 UNO DE CADA CUATRO DESAHUCIOS SE PRODUJO EN ANDALUCÍA

El PP pide una reunión urgente entre Junta y ayuntamientos para coordinar políticas antidesahucios

Loles López recuerda el rechazo de la presidenta de la Junta a todas las medidas propuestas por el PP en el Parlamento

El PP pide una reunión urgente entre Junta y ayuntamientos para coordinar políticas antidesahucios
Loles López. Europa Press

La secretaria general del Partido Popular andaluz, Loles López, ha pedido en rueda de prensa el 22 de junio de 2015 a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que impulse, «de forma urgente», una reunión con ayuntamientos y diputaciones para coordinar actuaciones y políticas en materia antidesahucios, y así «garantizar que las medidas lleguen a todo el que lo necesita». A juicio de la dirigente popular, «los ayuntamientos son los que conocen de primera mano estas situaciones», por lo que abogó por una «labor conjunta» de las distintas administraciones para que las medidas anunciadas por Díaz «no se queden en un titular».

En el año 2014 uno de cada cuatro desahucios de ejecuciones hipotecarias en España se produjo en Andalucía. También en el período de la crisis fuimos la comunidad con más desahucios, más de 121.000 entre 2007 y 2014.

López, quien calificó estos datos de «escalofriantes», dijo que ante estos datos el gobierno andaluz no ha hecho otras cosa que «vender humo, mucha demagogia y nada más que compromiso virtual». Para la secretaria general del PP andaluz, las medidas aprobadas el pasado viernes en el Consejo de Gobierno «ponen de manifiesto que no hicieron nada y son una enmienda a la totalidad a la ley de la vivienda del bipartito».

La dirigente popular criticó la «demagogia y la radicalidad» con que el gobierno andaluz ha abordado las políticas antidesahucios. «Nos han hecho perder mucho tiempo para solucionar el problema de la vivienda», añadió, al tiempo que repasó las medidas que el PP andaluz ha llevado al Parlamento, y que fueron rechazadas por la propia Díaz.

Entre ellas, destacó que la Junta de Andalucía asesorara a los afectados, mediara ante las entidades financieras, y priorizara el alquiler social; así como triplicar el parque de vivienda social en alquiler de la Junta, aprobar ayudas financieras para los andaluces que no puedan pagar sus hipotecas, establecer un programa andaluz de ayudas al alquiler de vivienda para familias en situación de especial vulnerabilidad, y llevar a cabo una política de acuerdo entre administración autonómica y corporaciones locales en materia de vivienda.

Además, recordó la «importante labor» que han desarrollado los ayuntamientos, quienes han ayudado a muchos vecinos a hacer frente al pago de su hipoteca, alquiler o suministros, «y lo han hecho a pulmón, con fondos propios».

Dijo que el PP estará «muy vigilante» para que las medidas aprobadas «sean transparentes, y no un arma política en manos de ayuntamientos afines a la señora Díaz».

En este sentido, reclamó a la Junta que haga pública su información acerca de cuántos van a ser los posibles beneficiarios de estas medidas, «porque no es igual hablar de decenas, centenas o miles de posibles beneficiarios, sobre todo si tenemos en cuenta los datos de desahucios, que sólo en 2014 en Andalucía fueron 29.600»; así como cuál es el presupuesto que el gobierno andaluz va a destinar a ello.

Así, argumentó que «por ejemplo, si valoramos la compra de una vivienda en 60.000 euros de media, con 6 millones de euros, la junta adquiere 100 viviendas -frente a casi 30.000 afectados en un solo año-«, por lo que incidió en la importancia de conocer el presupuesto que se piensa destinar.

También se preguntó si la medida de la compra de vivienda a las entidades financieras supone «la renuncia definitiva del gobierno a la construcción de nueva vivienda social». En la pasada legislatura, el gobierno andaluz, a pesar de haber en Andalucía más de 100.000 ciudadanos demandando una vivienda social, no ejecutó estas políticas.

«Queremos saber si el gobierno andaluz va a construir nuevas viviendas sociales», agregó la secretaria general del PP andaluz, quien insistió en que la Junta debe dar esta información a quienes están demandando una vivienda social en Andalucía; al sector de la construcción, para saber si el gobierno andaluz va a impulsar la promoción de vivienda social; a las demás administraciones públicas, como los ayuntamientos que han reservado terrenos para la construcción de nueva vivienda social; y al gobierno de España, que aprobó un plan de vivienda con un programa para la construcción de nueva vivienda social por parte de las comunidades autónomas con importantes ayudas, de las que no se podrán beneficiar los ciudadanos andaluces si el gobierno andaluz se niega a impulsar la construcción de nueva vivienda social.

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Autor

Javier Velasco-Arias

Javier Velasco-Arias, biblista y educador.

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