Artur Mas es el cuarto candidato de la principal lista secesionista catalana, presidenciable emboscado, titular en funciones de la Generalitat y presidente de la semiextinta Convergència.
En estas mejorables condiciones concurre este domingo 27 de septiembre de 2015 a unas elecciones autonómicas, que él y los suyos, tras utilizar sin vergüenza todos los recursos oficiales para arrimar el ascua a la ‘sardina separatista’, pretenden convertir en el pistoletazo de salida de la carrera de Cataluña hacia el abismo.
Como subraya el diario ‘El País’, es muy difícil no vincular el despliegue de actividad de Mas y los suyos con los coetáneos problemas planteados por los aromas de corrupción que afectan a su partido, a su padrino político Jordi Pujol, y a su entorno próximo (en tanto que Daniel Osàcar, el tesorero convergente, fue antes su secretario particular).
¿Obedece su despliegue activista, el único en que destacó como político -al ser insustancial su obra de gobierno-, a la urgencia de difuminar las irregularidades de su partido?
El cúmulo de financiación obtenido por su fundación CatDem a cuenta del saqueo del Palau de la Música -más de seis millones acreditados judicialmente, y que le han valido el embargo de 15 sedes locales- se ha agravado.
Se le añaden indicios de comisiones ilegales generalizadas para Convergència y sus terminales, como presunto soborno por la adjudicación de obras públicas de los Gobiernos de Pujol y Mas y los Ayuntamientos controlados por los suyos.
En vez de ofrecer explicaciones solventes, Mas atribuyó en el Parlament la responsabilidad de esos manejos a conspiraciones ajenas. Ya es raro que una fundación financie a su partido-madre, y no al revés; ya es significativo que el 3% se compute en distintas adjudicaciones y que las concesiones a las adjudicatarias de obras públicas se produjeran a continuación de sospechosas donaciones; ya es sintomático que Mas y sus gentes se excusaran del cálculo del 3% escrito por algunos donantes como expediente para ahuyentar las sospechas del 3%. Excusa no pedida, acusación manifiesta.
Todo ello es más extraño que la coincidencia de las investigaciones con el calendario electoral, algo que también ocurrió con el PP de Bárcenas o el PSOE de los ERE andaluces.
Sucede que Mas nunca acaba sus mandatos. Y así, Cataluña está en permanente contienda electoral, con lo que no es rara la coincidencia con ella de las innumerables investigaciones por corrupción.
Más graves aún si son producto no de la investigación policial o fiscal, sino de un juez predeterminado, como el del Vendrell. Es probable que las sospechas lanzadas sobre el mismo aparato judicial que rechazó perseguir los turbulentos negocios bancarios de Pujol acaben cayendo sobre quienes las urden para ensuciar el buen nombre de todos quienes no comparten la disparatada aventura del pupilo de aquel español del año que un día fue Pujol, según la caverna carpetovetónica.
Por desgracia, estas derivas tienen consecuencias políticas. Acusando incomodidad por ellas, el cabeza de la lista secesionista apadrinada por Mas, Raúl Romeva, se ha negado a participar en cualquier debate electoral con sus rivales (salvo el de TV-3, garante de parcialidad al prohibir una entrevista con Josep Borrell), por miedo a que se le imputaran a él -un poscomunista dinerariamente impoluto- las tropelías convergentes. Pierde así la calidad del debate.
Para el necesario contraste de ideas, la conversión de la convocatoria en una elección presuntamente plebiscitaria es una desgracia que degradará aún más la calidad democrática en Cataluña.
Si se aceptase la insensatez de que esta elección del 27-S tiene valor de plebiscito, ni siquiera se examinarían los resultados de la gestión del Gobierno saliente, ni el grado de corrupción de su entorno. Es justamente la distorsión que se pretende.
Si las elecciones fuesen un plebiscito, como quieren Mas y los suyos, el criterio de victoria dependería de la contabilización del número de votos. Y si se computaran los escaños, como en una elección normal, no bastaría para la independencia el 50% más uno, como especiosamente postulan sus promotores, sino una mayoría reforzada de al menos 90 escaños, dos tercios del nuevo Parlament, como exige el propio Estatuto para su reforma.
Así que esta convocatoria carece de validez jurídico-política -otra cosa es el morbo de la simplificación mediática- para que Cataluña, incluso con el mejor resultado soberanista hoy imaginable, pueda iniciar la senda de la separación de España.
Pero para que se imponga esta sensata lectura del envite, se precisa un grado de participación también reforzado.
Si solo votan los conjurados en pro de la ruptura, esta contará con las mejores bazas propagandísticas en el futuro.
