El Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria, y regeneración y renovación urbanas contempla una inversión en Castilla y León superior a 56,5 millones de euros, de los que la Junta de Castilla y León aporta más de 13 millones de euros.
El convenio de colaboración se firmará próximamente entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Ministerio de Fomento. En concreto, hasta el año 2016, se destinarán en Castilla y León un total de 56.522.232 euros para los programas de alquiler, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. En concreto, un total de 37.652.496 euros se destinarán a las políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y un total de 18.869.736 euros para el programa de ayudas al alquiler y de fomento del parque público de vivienda en alquiler.
Políticas de alquiler, regeneración y rehabilitación
Mediante el convenio de colaboración, se financiarán actuaciones recogidas en los siguientes seis programas del Plan Estatal de Vivienda: Programa de ayuda al alquiler de vivienda, programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler, programa de rehabilitación edificatoria, de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios, y el programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.
Por otra parte, la subsidiación de los préstamos convenidos continuará siendo financiada íntegramente por el Ministerio de Fomento y conforme a lo establecido en el anterior Plan Estatal de Vivienda
La Junta de Castilla y León, en sintonía con el Gobierno de España, apuesta por el fomento del alquiler y la rehabilitación y regeneración urbana como elementos fundamentales para revitalizar el sector de la construcción en la Comunidad. Paralelamente a la colaboración con el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y los representantes sindicales y empresariales han impulsado medidas que promueven el acceso a la vivienda dando una respuesta global y urgente a las personas y familias necesitadas. Estas actuaciones contemplan la ampliación de los colectivos de especial protección, la movilización de las viviendas de titularidad pública, la salida al mercado de las viviendas disponibles, el fomento del alquiler y la adaptación a la nueva situación social y económica del régimen legal de las viviendas protegidas.
