La Audiencia Nacional localiza las firmas que usó el Ferrusola
Era el único de la familia que no aparecía implicado en los chanchullos, lo que hizo correr el chiste de que no era Pujol genético, sino adoptado, pero Jordi ‘junior’ también está en el ajo.
Son cinco compañías, y la mayoría de ellas estaban administradas por el matrimonio que conforman Jordi Pujol Ferrusola y María Merçé Gironés Riera.
Las sociedades, todas ellas domiciliadas en una céntrica calle de Barcelona, suman un patrimonio neto de 20 millones de euros.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, señala que la pareja recibió a través de estas cinco sociedades comisiones procedentes de varios empresarios a cambio de adjudicaciones públicas entre los años 2004 y 2012.
Las mercantiles investigadas son Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation, Iniciatives Marketing i Inversions Iberoamericana de Business and Marketing.
La empresa que más patrimonio acumula, según las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, es Iniciatives Marketing i Inversions, fundada en 1993 y cuyo objeto social, según consta en el Registro Mercantil, es la intermediación del comercio de productos varios.
LA TRAMA
La Fiscalía Anticorrupción cree que Josep Antoni Rosell, número dos de Infraestructures.cat, la mayor licitadora de obra pública de la Generalitat, «manipuló» los expedientes de contratación para favorecer a empresas que hacían donaciones a las fundaciones controladas por Convergència. Rosell, quien hoy pasa a disposición judicial, ideó hace cuatro años un sistema que, bajo una apariencia formal inmaculada, permitió beneficiar a empresas afines al partido de Artur Mas.
En 2011, cuando Convergència recuperó el poder en la Generalitat, Rosell fue nombrado director general de Infraestructures.cat. Y tomó dos decisiones clave. Por un lado, cambió los criterios para evaluar las ofertas de las empresas: otorgó mucho mayor peso a la parte técnica (más arbitraria) que a la económica.
Por otro, designó a una persona de su absoluta confianza como jefe de la Oficina Técnica de Evaluación, el órgano que, en última instancia, controla y decide las adjudicaciones.
Antes de la llegada del Gobierno de Mas y de su equipo, Infraestructures.cat, que entonces se llamaba Gisa, otorgaba a la oferta económica un peso muy superior (70%) a la técnica, lo que daba a las empresas candidatas mayor flexibilidad para aspirar a contratos con la Administración.
Rosell dio un giro y la parte técnica (sometida a una valoración subjetiva) pasó a tener el peso mayoritario en la puntuación final.
La consecuencia, según fuentes del caso, es que el margen de acción de las empresas en lo económico queda mermado y todas las ofertas acaban siendo muy similares. El todo por el todo se juega en el apartado técnico. Y ahí ha desempeñado un papel decisivo, indicen las mismas fuentes, el ingeniero Jaume Cortasa. Como jefe de la Oficina Técnica de Evaluación, Cortasa recibía supuestamente instrucciones de su director general para orientar las adjudicaciones. «El papel de Rosell era decisivo, por eso está detenido», señalan fuentes de la investigación. La fiscalía está recabando información de extrabajadores y excargos de la antigua Gisa.
