Fundación Triángulo expresa su disconformidad tras la absolución por parte de la Audiencia de Cáceres al funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ante la acusación de homofobia por haber escrito en la solicitud de prestación de desempleo de un profesor homosexual que este vivía en la ‘Plaza Marica’.
El 2 de junio del año pasado Juan José R.E., cacereño de 48 años diplomado en Magisterio y licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura, acudió para tramitar la solicitud de prestación contributiva a las oficinas del SEPE de la avenida de la Hispanidad, tras finalizar un contrato de ocho meses como monitor de actividades extraescolares. El, que no oculta su condición de homosexual, sufrió que un funcionario le atendiera de manera inadecuada y escribiera en la documentación oficial que rellenaron que vivía en la «Plaza Marica». El afectado contó lo que le había ocurrido y llevó el caso a los tribunales.
Un año después de los hechos, el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres emitió una sentencia en la que encontraba al trabajador del SEPE autor de una falta de injurias leves condenándole a indemnizar al injuriado con 90 euros, pagar las costas procesales y también a cumplir una pena de 14 días de multa con coste diario de 8 euros, tras un juicio en el que se le acusó de haber cometido una falta de injurias o vejaciones.
Solicitó ser absuelto, y la Audiencia tras volver a estudiar el caso y señalar que la condena era justa, y que no tiene sentido la excusa del funcionario, señala también que tiene que absolverle ya que le beneficia que el 1 de julio de 2015 entró en vigor la reforma del Código Penal que despenaliza las injurias leves. Contra esta sentencia ya no cabe recurso.
Fundación Triángulo, que desde que conoció el caso estuvo en contacto con el afectado, llegó a reunirse con el entonces Delegado del Gobierno en Extremadura para solicitarle que el funcionario fuera sancionado de forma coherente con los hechos y de manera ejemplar y simbólica para que tanto los funcionarios como la ciudadanía en general recibieran un mensaje claro de que no se pueden tomar a broma este tipo de agresiones.
Para José María Núñez Blanco, presidente de Triángulo: «Debemos acatar la sentencia, pero lo hacemos de manera discrepante, incómoda y crítica, básicamente porque no podemos entender que la legislación penal estatal evolucione de manera que la homofobia y la transfobia pasen a ser agresiones o delitos irrelevantes. Es inaceptable.
Trabajaremos para que esto cambie, y aunque en este caso la sentencia es firme, analizaremos si acaso ha obviado la aplicación de la Ley LGBTI extremeña, que si bien no estaba en vigor cuando acontecieron los hechos si lo estaba en el momento del recurso de la Audiencia.
Además, nos queda por delante iniciar un proceso profundo de difusión y pedagogía sobre la Ley LGBTI que logramos aprobar en marzo pasado, en cuyo desarrollo ya estamos trabajando con la Junta de Extremadura.
Eso, al margen de reivindicar y trabajar para que se apruebe una Ley estatal LGBTI que no permita que pasen desapercibidas y sin condena agresiones homófobas como esta».