Ante las denuncias presentadas hace dos años por la asociación contra una veintena de bancos, ninguna de las diecisiete autoridades de consumo hizo uso de sus competencias sancionadoras frente a fraudes masivos
FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Junta de Extremadura que no eluda sus competencias y emprenda de una vez actuaciones sancionadoras contra la banca por el macrofraude de las cláusulas suelo.
No ha habido ninguna actuación contra el fraude de las cláusulas suelo ni por parte del Gobierno socialista de Zapatero ni del popular de Rajoy. En estas tres legislaturas, el Ministerio de Sanidad, competente en las políticas de consumo, se ha desentendido del asunto, no ha hecho ni un amago de llevar a los tribunales a los bancos y ni siquiera ha instado a las comunidades autónomas a multarlas (son las autonomías las que tienen las competencias sancionadoras).
Esta semana, ha trascendido incluso que el Gobierno ha llegado a defender a los bancos en lugar de a los consumidores, denuncia FACUA. Y ello ante las críticas de la Comisión Europea contra la decisión del Tribunal Supremo de eximirlos de la devolución del dinero cobrado antes de mayo de 2013 pese a haber declarado ilegales las cláusulas suelo por falta de transparencia en su comercialización.
FACUA denunció en 2013 a una veintena de bancos ante las agencias, institutos, direcciones y secretarías generales de las diecisiete comunidades autónomas. Ninguna ha tomado las medidas para las que les faculta la legislación estatal y autonómica en materia de protección de los consumidores. En casi todos los casos, optaron por desentenderse de las denuncias argumentando que sólo pueden actuar los tribunales, derivando las denuncias al Banco de España o rebotándolas a otras comunidades autónomas.
Las leyes autonómicas de protección de los consumidores facultan a las comunidades a imponer multas que pueden llegar a alcanzar entre una y diez veces (según la comunidad) los beneficios obtenidos como consecuencia de un fraude. Algo que nunca han hecho, denuncia FACUA, ni con la banca ni con ninguna empresa que haya cometido un fraude masivo en las últimas tres décadas. Las multas, en el reducido porcentaje de casos que se aplican, representan cantidades insignificantes en relación a las irregularidades cometidas, advierte la asociación.
Así han actuado hasta la fecha las diecisiete comunidades autónomas ante las denuncias interpuestas por FACUA contra la banca por el fraude de las cláusulas suelo:
Extremadura
La Junta de Extremadura es otro de los gobiernos autonómicos que optó por no dar ni siquiera respuesta a las denuncias de FACUA, que fueron remitidas al Instituto de Consumo de Extremadura de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
Andalucía
En la anterior legislatura, la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía anunció que tomaría medidas tras las denuncias presentadas por FACUA a comienzos de 2013. Consumo hizo público incluso un comunicado de prensa en el que anunció que aplicaría multas a los bancos por importes que alcanzarían el comiso de los beneficios obtenidos con el fraude de las cláusulas suelo. A fecha de hoy, dos años y medio después, los expedientes siguen en trámite y el nuevo Gobierno andaluz no ha vuelto a hacer público si sancionará a la banca y cuál sería en ese caso la cuantía de las multas.
Aragón
La Dirección General de Consumo del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón se desentendió de las denuncias de FACUA recurriendo a toda una colección de excusas en una respuesta remitida a FACUA el 11 de abril de 2013: en primer lugar, que los contratos aportados a modo de ejemplo se habían firmado hacía varios años, por lo que consideraba prescrito el plazo para reclamar. Además, indicó que esos contratos no habían sido firmados en Aragón, por lo que no tenía competencias para actuar, obviando que había cientos de miles de aragonenses afectados por el fraude. También indicó que como las escrituras habían sido supervisadas por un notario y que ello le impedía tomar medidas. Por último, inventó que sólo los tribunales pueden declarar abusiva una cláusula contractual.
Asturias
En el Gobierno del Principado de Asturias, el organismo con las competencias en la protección de los consumidores, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, se quitó de enmedio las denuncias de FACUA rebotándolas a otros dos: al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, que no tiene competencias para aplicar la legislación de consumo, y a las comunidades autónomas donde tenían sus domicilios los usuarios de los contratos aportados como prueba del fraude. Así lo comunicó la autoridad de consumo a la asociación en tres escritos fechados el 5 de abril, 29 y 30 de julio de 2013.
El año pasado, trascendió públicamente que el Gobierno asturiano había impuesto pequeñas multas de entre 8.000 y 18.000 euros por cada contrato con cláusula suelo sobre el que había abierto expedientes sancionadores a raíz de denuncias de los usuarios. Es la única comunidad de la que han salido a la luz hasta la fecha la aplicación de sanciones, aunque su importe es insignificante dada la envergadura del fraude, advierte FACUA.
Baleares
En el Govern de les Illes Balears decidieron derivar una parte de las denuncias a las comunidades donde vivían los usuarios de los contratos aportados como ejemplo. En cuanto a los de consumidores con domicilio en Baleares, la Direcció General de Salut Pública i Consum de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social comunicó a FACUA en junio de 2013 que abría un expediente, del que nunca más le facilitó información.
Canarias
En el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio se quitó de enmedio las denuncias contra los veinte bancos: se inhibió trasladándoselas a las Junta de Andalucía, aunque no aclaró si el motivo es que FACUA tiene su sede nacional en Sevilla o que una parte de los usuarios de los contratos aportados como ejemplo vivían en Andalucía. El escrito está fechado el 18 de abril de 2013.
Cantabria
La Dirección General de Comercio, y Consumo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria archivó directamente todas las denuncias. Su excusa, expuesta en sendos escritos de fechas 21 de mayo y 20 de junio de 2013, fue que en los contratos aportados a modo de ejemplo de la existencia de un fraude masivo que afectaba a usuarios en todo el país, los domicilios de los hipotecados estaban en otras comunidades autónomas.
Castilla y León
En la Junta de Castilla y León, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Empleo también se recurrió a desentenderse de las denuncias derivándolas a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde vivían los firmantes de los contratos aportados como simple prueba de las características de la cláusula abusiva. Sus escritos están fechados el 19 de abril y el 15 de mayo de 2013.
Castilla-La Mancha
La Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha nunca contestó a ninguna de las denuncias de FACUA.
Cataluña
La Agència Catalana del Consum, adscrito al Departament d’Empresa y Ocupació de la Generalitat de Catalunya, contestó inicialmente que iniciaría actuaciones para «esclarecer los hechos denunciados». En una segunda respuesta, recurrió a esta excusa para archivar las denuncias: «en su escrito no hace referencia afectación alguna de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios del ámbito territorial de Catalunya, ni existe ningún indicio que vincule las entidades financieras con dicho ámbito territorial». Las respuestas están fechadas entre mayo de 2013 y noviembre de 2014. En mayo de 2015, FACUA recibió nuevos escritos relativos a las denuncias contra varios de los bancos, en los que la Agència indicaba que había realizado inspecciones sin detectar que existiese ningún fraude: «se ha verificado el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a la actividad comercial en las relaciones de consumo llevada a acabo por las entidades del sector».
Comunidad Valenciana
En la Generalitat Valenciana, la Direcció General de Comerç i Consum de la Conselleria d`Economia, Indústria, Turisme y Ocupació archivó también las denuncias. Su fórmula para hacer fue, como en la mayoría de los casos, derivar a las comunidades donde residían los usuarios que aparecían en los contratos aportados como prueba de la existencia de las cláusulas suelo. Sus escritos tienen fechas de 9 de abril y 12 de mayo de 2013.
Galicia
El Instituto Galego de Consumo, dependiente de Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, también recurrió al argumento de que los usuarios de los contratos anexos a las denuncias de FACUA como simple prueba de las características de las cláusulas abusivas no vivían en esa comunidad autónoma. El escrito desentendiéndose del fraude, como si no existiese ni un sólo gallego afectado por las cláusulas suelo, está fechado el 29 de abril de 2013.
La Rioja
En el Gobierno de La Rioja, desde la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios Sociales se limitaron a acusar recibo de las denuncias de FACUA. «Agradecemos su interés y le trasladamos el nuestro». Nunca contestaron qué hicieron con ellas.
Madrid
La Comunidad de Madrid, la autoridad de consumo de la Consejería de Economía y Hacienda contestó a FACUA en un escrito de 20 de mayo 2013 que era incompetente. «La Dirección General de Conumo de la Comunidad de Madrid no tiene competencia para declarar la abusividad de las cláusulas que se plantean, ya que esta función está exclusivamente reservada a los tribunales de justicia».
Murcia
La Región de Murcia también recurrió a derivar las denuncias a las nueve comunidades autónomas donde vivían los usuarios de los contratos aportados a modo de ejemplo. Así lo señaló la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación en un escrito remitido a FACUA con fecha 8 de julio de 2013.
Navarra
En sendas respuestas fechadas el 13 de mayo de 2013, la Dirección General de Política Social y Consumo de la Comunidad de Navarra indicó a FACUA que no actuaría porque los contratos incluidos como ejemplos en las denuncias no estaban firmados por consumidores navarros. El organismo archivó directamente, sin ni siquiera tomarse la molestia de derivarlas a otras comunidades.
País Vasco
En el País Vasco, el Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide) comunicó a FACUA en un escrito de 9 de abril de 2013 que derivaba las denuncias a las comunidades donde vivían los consumidores de los contratos aportados como ejemplos para que analizase las características de las cláusulas suelo. Como si en Euskadi no hubiese afectados por el fraude.
