La investigación sobre la familia Pujol, que condujo a la imputación de todos sus miembros, ha avanzado lo suficiente como para ofrecer ya un panorama completo de lo que el clan ocultaba.
Imposible minusvalorar el alcance de una red de testaferros y más de 70 empresas que, distribuidas por 19 países, gestionan una fortuna de más de 1.000 millones. La envergadura de lo descubierto por los investigadores supera con creces lo esperable de una red basada en mordidas y corruptelas institucionales.
Tras la familia Pujol opera un entramado experto en expoliar y derivar los frutos de esa acción a paraísos fiscales, cuyo descubrimiento constituye el mayor de los temores de los actuales líderes de CDC, quienes por ello redoblan ahora el órdago soberanista.
Como subraya Víctor Arribas en ‘El Economista‘ este 31 de octubre de 2015, la comisión rogatoria ordenada por la Audiencia Nacional para obtener información de los depósitos bancarios de la familia Pujol en Andorra está resultando un verdadero maná judicial.
Pero como ocurre en toda fase de instrucción, cualquier evidencia por muy clara que parezca, cualquier dato revelador por muy concluyente que sea, no alteran el grado de presunción que la Constitución y el ordenamiento jurídico otorgan a las personas investigadas.
Incluso en este caso, en el que los sospechosos envuelven su condición de inocentes hasta que se demuestre lo contrario en la bandera de una eventual república catalana, que durante décadas fue el objeto de deseo oculto del gran patriarca, con unos milloncejos más o menos en la saca familiar.
Al menos mientras Jordi senior negociaba con Madrid las jugosas transferencias no cabía imaginar que aquél nacionalismo aparentemente sensato y moderado, garantía de estabilidad y cordura, estuvieran escondiendo en el armario la cría del monstruo descabezado que ahora ha saltado a la yugular del país que con tanta generosidad regaba financieramente sus aspiraciones. Hoy ya nadie duda del negocio que todo aquello suponía para algunas economías domésticas, aunque nos quede el trámite técnico de la plasmación de las sentencias firmes en papel con timbre del Estado.
El dinero de los Pujol ha dado la vuelta al mundo y ha conseguido enmascararse hasta ahora, hasta el momento de nuestra Historia en que la impunidad parece ya un fantasma del pasado.
Lejos quedan aquellos días en que Jordi junior, el primogénito aventajado, se sinceraba con sus más íntimos afirmando que a él nunca le pasaría nada por mover de lado a lado mochilas llenas de billetes, por hacer transferencias a Andorra con dinero de origen desconocido, por tener más de cien pagadores de mordidas que supuestamente llenaban la saca del clan a cambio de obras adjudicadas por la Generalitat.
Jordi Pujol Ferrusola solía decir que allí no pasaba nada nunca porque ellos eran inmunes a la Justicia, porque la inhibición forzosa por orden superior de los fiscales Villarejo y Mena en el escándalo de Banca Catalana lo demostraba ya desde el lejano 1984.
Entre aquellos primeros balbuceos aparentemente delictivos y los 900 millones de euros que el clan Pujol oculta en Belice, tras moverlo durante meses de Andorra a Irlanda, a Escocia y finalmente al paraíso fiscal centroamericano, hay treinta años de «construcción nacional».
Por medio hay unos Juegos Olímpicos que ahora se revelan en toda su falta de limpieza organizativa, donde las comisiones del seis por ciento a las empresas participantes eran moneda de uso común. Por medio hay manuscritos del patriarca depositados en sede bancaria reconociéndose propietario del dinero de Andorra, y reconociendo implícitamente que aquella colosal fortuna poco tenía que ver con la herencia del abuelo Florenci.
Por medio hay cientos de mediaciones de Jordi junior ante altas instancias administrativas para que se adjudicaran contratos millonarios a entramados empresariales muy concretos. En ese período de tiempo ha habido decenas de operaciones inmobiliarias con Oleguer como intermediario moviendo dinero de procedencia misteriosa.
Hay además hasta seis contratos concedidos sin concurso público al estudio de arquitectura en el que trabajaba la hermana Marta. Entre esas dos fechas hay, según sabemos ahora, operaciones de compra de piedras preciosas con forma de diamantes con las que se blanqueaba dinero por cientos de miles. Un verdadero catálogo de presuntos delitos que deben llegar cuanto antes a juicio y ser demostrados y castigados.
Muchas cosas han pasado en estos años pretéritos, pero otras muchas sorprendentemente no han acontecido desde que estallara el escándalo Pujol aquella tarde de verano de 2014 con su comunicado auto inculpatorio.
Ni Pablo Ruz ni José de la Mata, que han llevado el asunto, han considerado oportuno adoptar medidas cautelares contra los máximos responsables de esta trama delictiva, pese a la insistencia de los investigadores policiales.
No han visto riesgo de fuga, no han considerado probable que destruyeran documentos ni que cambiaran de país el dinero. Pujol Soley ha comparecido el pasado enero ante la juez de instrucción número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón. Pujol Ferrusola ha declarado ante Ruz en septiembre de 2014.
Y ambos volvieron a casa a dormir. El Estado tampoco se ha personado en las causas judiciales contra los Pujol como anunció el ministro Cristóbal Montoro el 2 de septiembre de 2014 en el Congreso de los diputados.
