Un grupo de «expertos» se ha sumado a través de una página de Facebook a un artículo de prensa publicado en el mes de abril en el que se pedía la expropiación de la Mezquita Catedral de Córdoba y se exigía a la Administración que anulara la inmatriculación que la Iglesia hizo de este templo en el que lleva celebrándose el culto católico desde hace casi 800 años.
Como explica A. Rojo en ‘La Razón’‘, se trata de un grupo de profesores universitarios, escritores e investigadores especializados en temas históricos relacionados con la España musulmana y Al-Andalus.
Sus nombres aparecen con frecuencia juntos en numerosos seminarios internacionales y conferencias sobre este periodo celebrados en diversos países (incluidas naciones árabes) y forman un nicho académico cerrado de fuerte tendencia izquierdista en el que tampoco faltan altos cargos y candidatos del PSOE e Izquierda Unida en sus filas.
Tal es el caso de Pascal Buresi, director del Instituto de Estudios del Islam francés; Juan Sisinio Pérez Garzón, consejero de Cultura con Bono en Castilla la Mancha; Ángel Galán, que formó parte de las listas de IU al Ayuntamiento de Málaga en 2011 y Jaafar Ben el Haj Soulami, de la Asociación Marroquí para los Estudios Andalusíes de Tetuán (Marruecos).
Se trata, por tanto, de expertos en historia, no en Derecho Hipotecario. El artículo apareció en «El País» el 14 de abril de 2015 firmado por Eduardo Manzano, profesor de Investigación del Instituto de Historia del CSIC.
Este grupo, funcionando como una suerte de «piquete académico», intenta insuflar nueva vida a una polémica que, a pesar de los esfuerzos de la plataforma para la expropiación de la Mezquita-Catedral, ha tenido poco eco hasta el momento fuera de los círculos más anticlericales de la izquierda radical y diversas asociaciones islámicas en España.
El «manifiesto» utiliza una retórica lábil en la que ya se han abandonado algunas de las propuestas más extremistas que abanderara en un principio la plataforma de expropiación.
El texto afirma explícitamente que «abogar por la titularidad pública de la Mezquita en absoluto implica que se impida a la Iglesia desarrollar allí su actividad en exclusiva».
Sin embargo, a renglón seguido se afirma que «tal política, sin embargo, en absoluto está reñida con la necesidad de consagrar en ese «monumento nacional» los valores de una sociedad avanzada en la que el conocimiento y el respeto a la diversidad» deben tenerse en cuenta.
No son pocos los sectores de la sociedad cordobesa que temen que, si el monumento pasa a ser de titularidad pública, sea sólo cuestión de tiempo que se instaure, en aras de la neutralidad religiosa del Estado, el culto compartido en este templo católico, vieja reivindicación de izquierda anticrelicar andaluza y de portavoces de asociaciones islámicas españolas e internacionales.