JxSí y la CUP han registrado en el Parlament el 6 de noviembre de 2015 una ampliación de su resolución independentista, para «blindar los derechos fundamentales de las personas» frente a eventuales impugnaciones del Tribunal Constitucional (TC) a leyes catalanas.
El anexo que han registrado desarrolla el punto 8 de la resolución, que es el que insta al futuro Govern a cumplir exclusivamente las normas que emanan de la Cámara catalana y que «puedan verse afectadas por decisiones del Estado español».
Así, el texto recoge que el futuro Govern deberá garantizar derechos de vivienda, sanidad y educación, entre otros, aunque el Estado pueda impugnar normas en este ámbito, como el decreto de pobreza del Govern que el Gobierno central llevó al TC hace meses y que está suspendido.
