Por asesoramiento para la mejora de sus explotaciones

La Junta de Extremadura abona dos millones de euros a siete mil agricultores

La Junta de Extremadura abona dos millones de euros a siete mil agricultores
Agricultura

A casi dos millones de euros asciende la ayuda que percibirán a unos siete mil titulares de explotaciones agrarias en 2015 para hacer frente al pago de servicios de asesoramiento destinados a evaluar la rentabilidad global y comportamiento ambiental de sus explotaciones, y en su caso proponer mejoras de las condiciones existentes.

Se trata de ayudas destinadas a la progresiva modernización y adaptación de las explotaciones con el objetivo de incrementar su rentabilidad, según ha afirmado el director general de Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Manuel Mejias, un asesoramiento que es «un elemento clave que hay que impulsar» para adecuar al sector agrario extremeño a «los nuevos retos de la agricultura en los próximos años».

Asimismo tiene como objetivo el fomento de herramientas tecnológicas e impulso de cultivos y técnicas, que compatibilicen el incremento de la productividad y competitividad agraria con la preservación del medio ambiente, junto con acciones encaminadas al buen uso de agua y conservación de la biodiversidad. Un ámbito de aplicación en las que también se incluye el asesoramiento a agricultores jóvenes en todos lo relacionado con su incorporación e inicio en la actividad agraria y en la aplicación de normas de seguridad laboral en las explotaciones, de acuerdo con lo estipulado en el decreto 59/2013, de 23 de abril, que regula las ayudas.

SIETE MILLONES PARA ASESORAMIENTO

Con el pago de estos dos millones de euros se completan al cien por cien las ayudas de siete millones de euros destinadas a asesoramiento y procedentes en un 75 por ciento de la Unión Europea, a través del FEADER.

Unas ayudas que han supuesto el pago de un máximo de 1.500 euros por servicio de asesoramiento durante tres años consecutivos y que representa el ochenta por ciento del coste del mismo, de acuerdo a los requisitos legales de gestión y de evaluación de la rentabilidad y comportamiento ambiental de la explotación agraria de la que el beneficiario es titular.

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