Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC)

Cáceres, ciudad extremeña que más subvención recibe por habitante para el transporte público con 3,6 euros

Cáceres, ciudad extremeña que más subvención recibe por habitante para el transporte público con 3,6 euros
Autobuses de Cáceres

Cáceres es la ciudad de Extremadura que recibe mayor subvención pública para el mantenimiento de su sistema de transporte público, según la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC), con 3,6 euros. Le siguen Badajoz y Mérida que perciben 3,1 y 2,03 euros, respectivamente.

Este reparto, tal y como señala ATUC, no es homogéneo y genera desigualdad entre los habitantes, ya que el principal criterio de reparto es el déficit que soporte el sistema de movilidad urbana de una ciudad. Por tanto, se da la paradoja de que cuanto más dinero pierda el servicio, más subvención recibe. A este respecto, el déficit pesa un 85% en el reparto, mientras que los otros tres criterios teóricamente más valorables como son la longitud de la red, el déficit por viajero y los criterios medio ambientales, representan sólo un 5%, respectivamente.

En este contexto, aunque las competencias sobre el transporte público estén transferidas a las comunidades autónomas, la patronal insiste en que es imprescindible la creación de una ‘ley paraguas’ que establezca un marco regulatorio común para que el Estado pueda garantizar a todos los españoles, vivan donde vivan, un servicio tan esencial como la salud o la educación. No se trata de que haya una bajada en las ciudades que reciben ahora más subvención, ya que cuanto más grande sea la ciudad, más compleja es su realidad y mayores sus necesidades, sino de que el reparto sea más equitativo.

A la cola de Europa

Si bien es cierto que España cuenta con uno de los sistemas de transporte público más eficaces de Europa en lo que a infraestructuras y funcionamiento se refiere, hay un aspecto en el que el Viejo Continente nos saca una gran ventaja: nuestro país es el único de la Unión Europea que no cuenta con una ley de financiación del transporte público.

Actualmente, no existe una asignación clara de los recursos económicos lo que provoca que además de situaciones viciadas como la descrita, la financiación resulte difícilmente previsible y con ello la ejecución de políticas programadas. De hecho, los ayuntamientos no conocen las cifras que el Estado va a reflejar hasta finales de año, cuando los presupuestos municipales ya han tenido que estar elaborados.

En este sentido, la ausencia de legislación provoca que no haya una ordenación de los recursos y que, por tanto, no esté establecido qué parte de los costes deben soportar los usuarios, las corporaciones locales, las comunidades autónomas y el Estado.

Tanto es así, que las últimas medidas tarifarias de corte social que han implementado algunos ayuntamientos podrían recaer injustamente sobre los presupuestos de prestación del transporte público, ya que no está fijado por ley quién debe asumir esa pérdida de ingresos por menor venta de billetes (la patronal estima que el abono joven a 20 euros aprobado por la Comunidad de Madrid supondría dejar de ingresar alrededor de 80 millones de euros al año).

A este respecto, los 5.000 millones de coste que tiene este sistema en nuestro país lo soportan los usuarios, las corporaciones locales, las comunidades autónomas y el Estado. Para ATUC, la ley de financiación debe contar con tres pilares fundamentales: por un lado, establecer un reparto de costes. Por otro, que mejore la dotación de fondos estatales gracias a la recaudación de ingresos tributarios específicos. Por último, la asignación de fondos debe realizarse según criterios simples y que incentiven el uso del transporte público.

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