La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la decisión del juez José Castro de mantener la imputación del ex presidente del Govern Jaume Matas de cara a ser juzgado por la contratación ‘a dedo’, por 1,2 millones de euros públicos, del arquitecto Santiago Calatrava para la elaboración de un anteproyecto de ópera que nunca llegó a ser construida.
En concreto, sobre Matas pesan presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude continuado a la administración y falsedad en documentos oficiales en el marco de estas pesquisas, que constituyen la pieza separada número 3 del caso Palma Arena.
El tribunal de la Sección Segunda ha desestimado así el recurso de apelación que interpuso el ex ministro contra un anterior auto del juez Castro, quien abrió la vía para que Matas pueda sentarse en el banquillo de los acusados como paso previo a la apertura de juicio oral.
La defensa del ex presidente, ejercida por el abogado y ex magistrado de la Audiencia Miquel Arbona, apunta que no hay indicios delictivos para sostener su encausamiento, motivado por su presunta intervención en el marco de las negociaciones y la tramitación del expediente de contratación de Calatrava.
En su auto, la Audiencia señala que el recurso de Matas «no merece favorable acogida» y considera «poco probable» que, ante los argumentos de Castro, el imputado desconociera los hechos presuntamente delictivos «máxime cuando el propio apelante los utiliza para considerar que quien fue ‘ordenado’ para amañar el expediente administrativo no se encuentre en el mismo trance» que el ex presidente, en alusión al ex conseller de Educación Francesc Fiol, para quien fueron archivadas las pesquisas.
De hecho, el tribunal subraya que de la resolución del juez se desprende que los hechos imputables a Matas pasan por haber ordenado a Fiol que materializara un expediente, «al parecer, cargado de irregularidades y, sobre todo, vestido de un acuerdo verbal ya adoptado y que determinó un desplazamiento patrimonial de caudales públicos».
Contratos menores que «no debieron serlo»
Es más, la sala recoge el hecho de que las contrataciones menores que siguieron a la adjudicación del anteproyecto en favor de Calatrava y que «al parecer no debieron serlo» encierran un fraude en la contratación administrativa.
En su recurso de apelación, el letrado de Matas rebatía los argumentos expuestos por Castro en la resolución impugnada, en la que el juez aseveraba que «hubiera sido más congruente» que Matas, quien recrimina ser el único encausado contra el que se mantiene el proceso penal, hubiese recurrido en su día el archivo decretado para quienes anteriormente se encontraban imputados en la causa.
El magistrado le emplazaba así a formular alegaciones y facilitar «los datos incriminatorios que contra» todos ellos tuviera por conveniente, a lo que el letrado asevera que no es esa su función puesto que no ejerce ningún tipo de acusación en el marco de esta causa sino que su cometido es ejercer la defensa de su patrocinado.
El juez señalaba tajante que Matas proyectó la reordenación de la bahía de Palma y la construcción de un edificio destinado a las artes escénicas «con la finalidad de que el partido político que le sustentaba y que presidía obtuviera una decisiva ventaja» en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007, «a sabiendas de que la ejecución de tal proyecto no estaba en su horizonte decisorio, cuando menos a corto ni a medio plazo».
Matas defiende que la contratación fue «plenamente legítima»
El ex ministro, sin embargo, ha defendido hasta el momento que la decisión de contar con los servicios de Calatrava fue «plenamente legítima» y, en su comparecencia ante el juez, asumió su responsabilidad en la elección del arquitecto valenciano. Es más, justificó la contratación sin ningún concurso previo por ser una persona «muy cualificada técnica y artísticamente».
En concreto, el arquitecto valenciano acabó percibiendo hasta un total de 1,2 millones de euros del Govern: un millón por la concepción del anteproyecto, 60.000 por la maqueta de la Bahía de Palma, otros 60.000 por la maqueta del edificio de la ópera y 80.000 por un vídeo explicativo y de presentación del proyecto.
Del mismo modo, Castro señalaba cómo el Govern efectuó el pago de facturas valoradas en unos 100.000 euros en total para la preparación del acto de presentación de la ópera, cantidad que fue fraccionada en once contratos menores -de entre 9.000 y 12.000 euros aproximadamente- para que éstos pudieran ser adjudicados de forma directa y sin concurso.
