El marido de la alcaldesa se «vuelve agresivo, sobre todo cuando consume sustancias psicotrópicas y alcohol»
Irrumpió en el salón de plenos al grito de «gilipollas», en alusión al portavoz del Partido Popular, y su mujer, la alcaldesa de Cantoria, Purificación García, se vio en la obligación de expulsarle.
Antonio Cerrillo, que se vio en la obligación de abandonar la lista de los socialista que encabezaba en las pasadas municipales, tras ser pillado por la Guardia Civil en febrero de 2015 en la puerta de un prostíbulo en posesión de cocaína, fue desalojado del Consistorio el pasado jueves por la Policía Local y ahora se enfrenta a la denuncia que contra él ha interpuesto el líder del PP, José María Llamas.
Éste asegura que «teme por su integridad y la de su familia», a tenor de que Cerrillo, que también es asesor de la regidora, lleva tiempo «insultándome y amenazándome en la calle». A su juicio, es una persona «agresiva» y no descarta que, «en un arrebato, pueda amenazarme o llegar a más con un arma de fuego», ya que es conocida su afición por la caza.
El esposo de la alcaldesa se personó en el salón de plenos cuando la sesión ya llevaba cerca de una hora de desarrollo. Sin venir a cuento, comenzó a insultar al portavoz popular, que instó en varias ocasiones a la regidora a que ordenara su expulsión. Ésta le recriminó su actitud en dos ocasiones y como seguía igual ordenó a la Policía Local que lo desalojara.
Según el denunciante, Cerrillo «llegó al salón con síntomas de estar bajo los efectos del alcohol o drogas, ya que se encontraba muy alterado y fuera de sí».
Como asegura Llamas, el marido de la alcaldesa se «vuelve agresivo, sobre todo cuando consume sustancias psicotrópicas y alcohol».
«Tenemos cierto miedo porque tiene un odio visceral hacía nosotros, que somos concejales como los del PSOE», reconoce Llamas, que atribuye este comportamiento a que el PP ha salido en defensa y «arropado» en sus pleitos contra el Consistorio a tres trabajadores municipales que fueron despedidos «nada más tomar el PSOE posesión como equipo de gobierno».
«Son tres trabajadores cualificados pero que ellos no consideraron afines, a los que se prohibió usar los ordenadores, y a los que se despidió sin razón ninguna alegando que su contrato era ilegal cuando hay 12 empleados municipales en la misma situación», asevera el portavoz del PP.
