Los Mossos, sin órdenes definidas, se limitan a desalojar a las personas que se concentraban delante del local
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Los okupas han vuelto a entrar de nuevo y a ‘okupar’ el denominado Banco Expropiado de Gràcia (La señora Colau, sus okupas, una cosa y su contraria).
Varias personas se han concentrado este 4 de junio de 2016 delante del edificio, que según explican en su cuenta de Twitter (Parecían okupas pero eran inkilinos).
Después de pedir refuerzos, y conseguir que un centenar de personas tapasen la puerta de acceso al local, finalmente, los Mossos d’Esquadra han desalojado a la gente de la zona ([VÍDEO] Así pone la abuela un bozal a los perroflautas okupas del barrio de Gràcia).
No a los que hay en el edificio, sino a los emplazados enfrente (Ada Colau negoció comprar el ‘Banco Expropiado’ para regalárselo a los okupas).
En su cuenta, los okupas han difundido un vídeo grabado desde el interior del local:
Desde l’ interior del @Banc_Expropiat celebrant la reobertura! #BancSorpresa https://t.co/n4Rj0Ob85Q
— Banc Expropiat (@Banc_Expropiat) 4 de junio de 2016
Poco antes, varios jóvenes se habían atado a bidones de cemento, delante del banco, para que no les pudieran mover echar.
Seis mossos de seguridad ciudadana seguían lo que sucedía a escasos metros. En las pancartas, que rodeaban un centenar de personas, se podía leer: Si nos tocan a una, nos tocan a todas, y Manuel Bravo, especulador (Los destrozos de los ‘okupas’ en Barcelona brillan por su ausencia en Menéame).
El objetivo de los manifestantes todos estos días era retomar el banco, después de que fuesen desalojados hace dos semanas.
Después de tres días de incidentes con la policía catalana, la calma regresó al barrio, con pequeños episodios de tensión, como los vividos el domingo pasado.
El consejero del Interior Jordi Jané, que tiembla de miedo pensando que los ‘okupas’ puedan ir contra él, ha tirado la toalla y ya avisó de que los Mossos d’Esquadra no podrían estar allí 24 horas al día protegiendo una propiedad privada.
La gestión de la crisis del Banco Expropiado es un elemento más de tensión entre el Gobierno catalán y sus socios de la CUP en un momento especialmente complicado, por la negativa de los anticapitalistas de aprobar los presupuestos, lo que pone en peligro la estabilidad del Gobierno catalán.
Algo similar a lo que ocurre en el Ayuntamiento de Barcelona, donde la CUP es un apoyo prácticamente imprescindible para el Gobierno de Ada Colau.
HISTORIA DE UNA VERGÜENZA
Los Mossos desalojaron el local hace 13 días y tras su desalojo se vivieron episodios de graves disturbios en el barrio.
El Ayuntamiento de Barcelona ha descartado la compra del Banc Expropiat por su precio «desorbitado».
El regidor de Gràcia anunció la semana pasada que el consistorio se había planteado ejercer de avalista de una adquisición liderada por entidades, pero el propietario pide más de medio millón de euros.
El concejal de Gràcia había señalado que durante las conversaciones con las entidades vecinales del barrio se planteó la posibilidad de que una iniciativa ciudadana se hiciera cargo de la adquisición del local.
El papel del Ayuntamiento en todo este proceso, subrayó, sería en todo caso ejercer de avalista pero que en ningún momento se planteó que el consistorio fuera el comprador.
El concejal ha añadió que el propietario les dijo que había pagado por el local alrededor de medio millón de euros y que la reventa debería rondar, como poco, este precio.
Cancelación del contrato de alquiler
El propietario del inmueble inició los trámites para instar al desalojo y, cuando el proceso estaba a punto de culminar en 2015, el entonces alcalde Xavier Trias, a las puertas de las elecciones municipales de mayo pasado, acordó que el ayuntamiento asumiera el coste del alquiler para todo el año, cifrado en 65.500 euros, con lo que los okupas pudieron permanecer en el local sin riesgo de desalojo a costa del erario público.
Una vez que el equipo de Ada Colau (BComú) ganó las elecciones, la entonces concejal del distrito de Gràcia, Maite Fandos, antes de dejar el cargo, informó al colectivo okupa de que el consistorio les pagaba el alquiler hasta final de año, por razones de interés social, si bien los okupas advirtieron que el equipo de Trias pretendía «comprar la paz social en un año delicado de elecciones».
El nuevo equipo de gobierno de Colau intentó cancelar el contrato de alquiler, al entender que no se tenían que pagar lo más de 5.500 euros en alquiler mensual para sostener un edificio okupado.
Sin embargo, el contrato de alquiler, que se firmó poco después de los incidentes por el desalojo de Can Vies -que provocaron una batalla campal durante días en Barcelona-, tenía una cláusula que provocaba que, en caso de cancelación, el coste era aún superior que pagar el alquiler mensual hasta finales de año.
Por este motivo, el ayuntamiento de Colau aguardó a que finalizará el contrato y el 1 de enero de 2016 dejó de pagar el alquiler, ante lo que el propietario reactivó el procedimiento que había dejado en suspenso para lograr el desalojo.
