Los españoles que quieran abrir un negocio en Baleares y que no sepan catalán, lo tienen crudo. Mejor buscan otros derroteros y distintos lares para anclar sus proyectos, dado que se van a encontrar de frente con un escollo difícil de vadear: 136 medidas que fuerzan a empresas y a particulares a utilizar el catalán bajo coacción administrativa.
Ello se contempla con todas las de la ley y por bemoles en el Plan de Política Lingüística 2016-2021, recientemente aprobado por el recuperado Consell Social de la Llengua Catalana.
Lo enarbola cual señera la iracunda Francina Armengol, presidenta del Govern balear, pancatalanista donde las haya, amiga de juventud de Pedro Sánchez, la misma que gobierna en las islas por obra y gracia de Podemos, la mujer que defiende a capa y espada que el secretario general del PSOE pacte a cualquier precio con los de Iglesias.
En la aplicación de la futura normativa, supedita la autorización de licencias para abrir empresas a los requisitos lingüísticos y establece que, «antes de conceder» los permisos, las administraciones supervisarán si las empresas cumplen la exigencia.
Así, los puntos contemplados en el documento adoptado el pasado 7 de julio van desde recomendar hablar en catalán a quien no lo habla, incluso si no lo entiende, hasta aprobar una ley que impondrá el uso del catalán en las empresas privadas: Esta normativa obligará a contratar empleados que hablen en catalán en los establecimientos de atención al público vulnerando la libertad de empresa, ya que las licencias de actividad dependerán de ello.
La imposición afectará a restaurantes, tiendas de venta al público, peluquerías, bancos o clínicas. Todos estos establecimientos deberán rotular obligatoriamente en catalán, bajo amenaza de sanción.
Y por si fuera poco lo anterior, la iniciativa auspiciada por Armengol prevé subvenciones a escuelas y empresas en función de su grado de cumplimiento de un requisito: que los juegos entre los alumnos sean también en catalán.
