¿Quién está detrás de este respaldo económico a Justicia y Sociedad?
El juez Joaquín Astor Landete, Presidente de la Audiencia Provincial de Tenerife, tiene asignada la encomiable labor de ser «el ojo que todo lo ve» en el proceso judicial más escabroso del Archipielago canario: el caso de Las Teresitas.
Es indudable el prestigio de este magistrado, a pesar del intento frustrado de recusación para esta causa, solicitada a expensas de Justicia y Sociedad, y liderado en este proceso, por el abogado de dicha asociación, José Pérez Ventura. La recusación, según el letrado, se sustentaba en un testigo protegido y su declaración en 2009, vinculando el nombre de un tal «Landete» como supuesto contacto en los juzgados tinerfeños en relación a Ignacio González,(ex Presidente de la Cámara de Comercio) que figura como imputado en Las Teresitas. Justicia y Sociedad exigía que se investigara este dato testimonial, hecho que quedó en agua de borrajas, e incuestionada la imparcialidad del el juez Landete, que fue confirmado junto con los magistrados Jaime Requena y Fernando Paredes, para presidir el juicio de Las Teresitas.
Y es aquí, dónde Canarias es un hervidero de conjeturas. ¿Qué esperaba Pérez Ventura con revivir la declaración de un testigo protegido, si no ha sido tomada en cuenta esta observación para una futura imparcialidad desde el principio? ¿Por qué en su día no se abrió una investigación en la instrucción del caso sobre presuntas conexiones del empresario Ignacio González con funcionarios del poder judicial? ¿Qué credibilidad tiene realmente el testimonio del testigo protegido? ¿Estaba convencido mediaticamente Pérez Ventura de lograr ese éxito recusatorio?
Justicia y Sociedad, integrada por diversos abogados, siendo co-fundadores arrancando este proyecto José Manuel Rivero y José Pérez Ventura en 2007, han sufrido la apurada tesitura de reunir 28.000 euros para pagar la fianza impuesta por el Juez Landete, que ha dictado un auto resolviendo esta cuantía vinculada a las reponsabilidades exigidas, número de personas acusadas más testigos y peritos, en el proceso Las Teresitas que asciende a 52 millones de euros.
Esta cantidad, es el desorbitado importe «derrochado» por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2001, al comprar los terrenos en primera línea de playa de Las Teresitas a la sociedad Inversiones Las Teresitas SL, perteneciente a los imputados Ignacio González y Antonio Plasencia. La tasación de estos terrenos valorada por el equipo municipal era de 19,2 millones de euros, sin embargo, el consistorio pagó 52 millones de euros a estos empresarios. El lucro empresarial sobrevenido contra las arcas municipales, y sostenido por los ciudadanos, es el motivo de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en 2006, que solicita varios años de prisión para los imputados.
El abogado Pérez Ventura, que en alguna ocasión se dirigía al juez Landete como «ciudadano magistrado», podrá continuar con Justicia y Sociedad, en la personación del caso Las Teresitas, dada la consignación efectiva de 28.000 euros solicitada por la Audiencia Provincial. Sea como fuere, que lograron reunir esta significativa cantidad en escasas horas, mediante asociaciones o donantes privados, no tienen porqué declarar la identidad de los benefactores ni el juez tiene obligación de dar publicidad de los mismos. Un chisme muy debatido en el circuito ciudadano: «¿quién está detrás de este respaldo económico a Justicia y Sociedad?»
Igualmente resulta curioso, que el abogado de Justicia y Sociedad, José Manuel Rivero, declarara en una entrevista en 2009 -recogida en el Blog Las Palmas Legal-, respecto a la acción popular como derecho constitucional, que «No se nos exigió fianza en el caso de las Teresitas….se trata de poner muros, frenos, parapetos, sobre todo cuando se agarran a argumentos económicos, para que la ciudadanía no acceda a la acción popular para el conocimiento e investigación, y el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción». Rivero aclaraba que «en diligencias penales en tramitación, si una organización quiere personarse ejercitando la acción popular, ésta no requiere fianza de ningún tipo». Estas afirmaciones eran referidas a la personación de Justicia y Sociedad el el caso Salmón, querella interpuesta por presunto delito de cohecho contra el ex-presidente del Partido Popular (PP) José Manuel Soria, que fue archivada por el TSJC.
Por una parte, Rivero defiende la gratuidad de la personación de la acusación popular en procesos relativos a presuntos delitos de corrupción, y ejemplifica con el caso de Las Teresitas, cuando Justicia y Sociedad ha desembolsado 28.000 euros de fianza, hecho cuasi imposible de lograr para la clase media, colectivos dedicados a personas en riesgo de pobreza o Personas Sin Hogar. Si defiende el derecho al conocimiento e investigación de los ciudadanos, ¿El letrado Rivero o Justicia y Sociedad darán habida cuenta de cada acto de este juicio tan esperado por la opinión pública? ¿Qué ciudadano o ONG dispone de 28.000 euros para personarse en este proceso? ¿Se erige esta asociación como el altavoz de Las Teresitas en los medios de comunicación para la sociedad?
En otro aspecto, Pérez Ventura,- que fuera cabeza de lista por Izquierda Unida( IU) al Congreso de los Diputados en Tenerife en los comicios de 2011-, en Las Teresitas, para defender la imparcialidad del juez Landete, solicitó su recusación por Justicia Y Sociedad. Por ende, también corresponde el derecho a los ciudadanos, de opinar sobre la imparcialidad mediática de Pérez Ventura, si concede declaraciones públicas sobre este proceso judicial, así como el peso de la opinión pública, del futuro posicionamiento político del concejal Ramón Trujillo (IU) en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre Las Teresitas, máxime cuando el consistorio también está personado en el juicio.
Este ajedrez mediático estará de moda en el juicio que comienza el 12 de septiembre de 2016. Hombres claves e imputados como el ex-alcalde Miguel Zerolo (CC), y los ex-concejales Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), para los que la Fiscalía Anticorrupción solicita prisión, además de otros funcionarios del ayuntamiento santacrucero con condición de imputados, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Otro «jaque mate mediático» o indicio de chisme popular, sería una precisa hemeroteca sobre el tratamiento que en su día, los medios de comunicación obsequiaron virtudes o críticas al supuesto «pelotazo de Las Teresitas», cuando el ayuntamiento de Santa Cruz invirtió 52 millones de euros en estos terrenos con dinero público. Si todos los periodistas tienen la conciencia tranquila. Veremos.
Aunque no sea el último chisme, si es un ejemplo comunicativo entre José Pérez Ventura (IU) de Justicia y Sociedad, la jueza Victoria Rosell (candidata al Congreso de los Diputados con Podemos en las elecciones 20-D) y el periodista Carlos Sosa. En función de fechas electorales y ciertas informaciones publicadas, se contestan algunos «cogotazos verbales» en la red social Twitter. Muy ilustrativo.
Parece que, surgirán más chismes sobre el caso de «Las Teresitas».
