Siete años después de que la Fiscalía Anticorrupción detectara presuntas irregularidades

Castro quiere empapelar a Matas y su mujer por blanquear su reluciente palacete

Siete años después de que la Fiscalía Anticorrupción detectara presuntas irregularidades en la compra y reforma del palacete que el expresidente del Govern Jaume Matas posee en el casco antiguo de Palma, el juez José Castro ha puesto fin a estas pesquisas y ha abierto con ello la vía para sentar al exmandatario autonómico en el banquillo de los acusados por un delito de blanqueo de capitales.

El magistrado ha concluido así una de las principales líneas de investigación que, impulsadas en 2009, constituirían el génesis del conocido como caso Palma Arena, cuya complejidad derivó años después en la apertura de hasta un total de 28 piezas separadas.

No es el único fleco -el número 24- cuyas investigaciones ha concluido Castro. También ha cerrado la 17, centrada en el presunto cobro de comisiones en varias contrataciones vinculadas al velódromo palmesano; la 16, relacionada con el fraccionamiento de contratos por parte del Govern; la 19, en torno a la construcción de la pista del Palma Arena, y una subpieza de la 27, por contratos supuestamente amañados a favor de la empresa Over Marketing.

Junto a Matas, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dado el paso previo para que también sean juzgados, por la pieza del palacete, su mujer, Maite Areal, el hermano de ésta y extesorero del PP balear Fernando Areal, el exconseller y supuesto testaferro del expresidente Bartolomé Reus y otros cuatro investigados.

En concreto, se trata del aparejador Miguel García-Inés, el decorador Antoni Obrador, la propietaria de una tienda de electrodomésticos, Josefa Lorca, y la exsecretaria de Obrador, Maria Rodríguez, todos ellos proveedores de la reforma del palacete.

Las investigaciones se extienden a una vivienda de Madrid y a gastos relacionados con varias propiedades en la Colonia de Sant Jordi. En cuanto al inmueble madrileño, ubicado en el barrio de Salamanca, las pesquisas apuntan a Matas utilizó a Reus como testaferro en la titularidad del piso y que, por tanto, es propiedad del expresidente. Matas negó estos hechos ante el juez.

Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau pusieron la lupa sobre el exmandatario en 2009. El exdirigente ‘popular’ había pagado unos 980.000 euros por su palacete pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones.

A partir de ese momento, se iniciaron unas intensas investigaciones que, bajo el nombre de Operación Buckingham, fueron dirigidas a averiguar los pormenores que rodearon al elevado tren de vida que llevó Matas mientras era máximo mandatario balear.

Efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el palacete y donde su mujer efectuó lujosas y continuas compras en efectivo, según la documentación recabada por los agentes. Sin embargo, todo ello no impidió que el entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acabase en julio de 2009 archivando las pesquisas tras agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por Carrau y Horrach.

Investigaciones judicalizadas

Así, fue dos meses después cuando el juez Castro decidió incorporar al caso Palma Arena las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al observar indicios de su relación con la presunta trama de corrupción en torno al velódromo.

A partir de ese momento, diversos proveedores que participaron en la reforma del palacete y propietarios de varias tiendas, interrogados por el magistrado para indagar en el nivel de vida disfrutado por la familia Matas, aseguraron haberse embolsado del expresidente más de 300.000 euros en dinero negro.

El pasado mes de enero, Matas puso a disposición de la Audiencia Provincial de Baleares la mitad indivisa de su palacete a fin de reparar el daño causado en el marco del caso Nóos, en el que se enfrenta a una petición de pena de cinco años de cárcel.

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