LA QUINTA ENMIENDA

El caso de la playa de Las Teresitas salta por fin a la arena judicial

La suerte está echada para los implicados en el presunto pelotazo urbanístico en el entorno playero de Santa Cruz de Tenerife

El juicio más esperado, en la historia judicial del Archipiélago canario, sometido a 10 años de instrucción y 5 años de secreto de sumario,  denominado ‘Las Teresitas’, en relación al frente de playa adquirido en 2001 por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por 52 millones de euros, comprado a empresarios que se sientan en el banquillo de los acusados, dueños de los terrenos desde 1999 por 33 millones de euros,  arranca entre luces y sombras, en un paseíllo mediático, adscrito a la Audiencia Provincial de Tenerife.

El término «pelotazo urbanístico» ni se pronuncia de momento, eclipsado por algunos demacrados rostros, entre los trece políticos, funcionarios, técnicos y empresarios involucrados en la acusación, ante  la expectación de la primera sesión del juicio, que acarrea varias semanas de interrogatorios, incluyendo perfiles jurídicos orientados a recursos a futuro. Se enfrentan a 60 años de cárcel en total, por prevaricación, malversación y colaboradores necesarios, más indemnización de 39 millones de euros. Este proceso comenzó con la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en 2006, por comportamiento antieconómico.

Conclusiones previas de la Fiscalía Anticorrupción en el Caso Las Teresitas

Nació la noche de los cuchillos largos, tras abrir la caja negra del sumario de Las Teresitas, aportando la novedosa consideración el Ministerio Fiscal,  María Farnés, en relación a los cuatro empresarios encausados, respecto a la variante en la calificación penal, de «inductores» a «cooperadores necesarios», descartando el delito de cohecho para todos los investigados.

Farnés impugnó un informe del arquitecto Domínguez Anadón, por tacharlo de opinión sin rigor técnico, así como se preguntaba por el paradero de un expediente, referente a un «concurso de ideas» vinculado a la Universidad Carlos III de Madrid, motivación para comprar 300.000 metros cuadrados de terreno en Las Teresitas, abordado en un pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz el 19/1/2001. ¿Dónde está documentada la justificación de la compra, del frente de playa, por el consistorio a los empresarios, revalorizando  su valor en 19 millones de euros en tan sólo tres años?  

El exalcalde Miguel Zerolo: «La compraventa de primera línea de playa, beneficiosa para Santa Cruz de Tenerife»

La respuesta la esgrimió voluntariamente, el ex-alcalde Miguel Zerolo (CC), con una amplia sonrisa, en un breve receso del juicio, alegando que «Resultó beneficioso la compra del espacio, para evitar que se construyera, y proteger el enclave de la playa. Me siento contento, por celebrar este juicio, y aclarar esta situación». Zerolo, líder insigne de Coalición Canaria, se enfrenta a un pena de 8 años de prisión por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.

Su letrado, Agustín Azparren, exvocal del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), expresidente de la Audiencia Provincial del Principado de Asturias, calificó de improcedente las conclusiones previas de la Fiscal Farnés, exponiendo que «revocar un informe pericial, o confeccionar un informe es inaudito, pues sitúa a las partes en un desequilibrio, provocando indefensión». Tanto las 13 personas físicas, como las 3 jurídicas, acusadas, y los 15 abogados defensores, solicitaron la adhesión a este argumento, para  oponerse a la Fiscal,  pendiente de la resolución del Magistrado Juez , Presidente de la Sección segunda de la Audiencia Provincial, Astor Landete, que objetará nulidad, sobreseimiento o celebración del juicio  en breve.

La defensa de los empresarios 

El despacho de Barcelona, Jesús Silva y Esteban Sola, ambos catedráticos de Derecho Penal, y defensores de los cuatro empresarios, acusados de malversar Antonio Plasencia e Ignacio González, y como colaboradores necesarios Carlos Plasencia y Pedro González, apoyaron su estrategia jurídica, en la «cosa juzgada» por el Tribunal Supremo en 2006, declarando la nulidad de la compraventa del frente Las Teresitas, entre los defendidos y el Ayuntamiento, priorizando este proceso civil anterior, sobre este proceso penal. Además, la tasación actual del terreno, ¿cómo se valoraría en 2016 respecto a 2001, si no se puede edificar? ¿compensación por la nulidad de la venta del frente playero para los empresarios junto a Promotora Puntalarga, Promotora Victoria, ILT, Inversiones Teresitas,S.L?

Reuniones privadas presuntamente relacionadas con Las Teresitas 

Las defensas de Emilio Fresco, exconcejal del PSOE en el consistorio, y José Emilio García Gómez, exconcejal del PP, ambos entre 1999 y 2002, alegaron «vulneración de la tutela judicial efectiva al amparo del artículo 24 de la Constitución Española (CE) en la instrucción, siendo llamados al juicio oral por unas «reuniones privadas» sin que tenga relación este hecho con ningún delito». Los exconcejales, votaron a favor de la compra del suelo, y son calificados como colaboradores necesarios, con pena de 8 años de cárcel global. 

El exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo (CC) en Santa Cruz, al tiempo de la compraventa del terreno, también se ha zafado con su defensa, de esas reuniones privadas con Emilio Fresco y García Gómez, vinculadas presuntamente con acuerdos perjudiciales para el interés público. El argumentario de las notificaciones mensuales, respecto al mantenimiento del secreto de sumario, sin recibir claramente la justificación de dicha cautela procesal, durante 5 años, «sin motivar si la investigación avanzaba, o sí las circunstancias evolucionaban», fue otro de los perjuicios aportados, en la defensa de Parejo. Se le solicitan 8 años de prisión, por aportar la «inteligencia» para la operación urbanística.

Funcionarios y técnicos acusados

Víctor Reyes, inició el expediente administrativo para la compraventa del terreno, siendo exsecretario de Gerencia de Urbanismo. José Luis Roca, exinterventor de Gerencia de Urbanismo, relacionado directamente con el informe de adquisición del suelo. José Eugenio de Zárate, fue secretario general del Ayuntamiento, cuando se efectúa la compra del frente playero. Para cada uno de ellos, se les solicita 4 años de cárcel y son considerados colaboradores necesarios. José Tomás Martín, exgerente de Urbanismo y Antonio Messía, exinterventor del consistorio. A ambos les piden 4 años de prisión.

El Magistrado Fernández del Torco delimita las actuaciones de la Acusación Popular

Cesó como titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en 2002, el Magistrado Juan Fernández del Torco, para dedicarse de pleno a la abogacía, y en este juicio, ejercita la defensa de José Tomás Martín, además de aportar, ilustrativo conocimiento jurídico, que enriquecerá las sesiones del proceso judicial.

Del Torco, señaló la importancia de la responsabilidad del Tribunal de Cuentas, no se ha dado parte a la Audiencia de Cuentas,  en función de la competencia de la jurisdicción contable, como reza el Tribunal Supremo 21/5/2012, respecto al Derecho Material, requiriendo a las actuaciones de la Acusación Popular, representada por el abogado, José Pérez Ventura, al que del Torco espetó que «la Acusación Popular, seguirá la suerte del Ministerio Fiscal, sin sobrepasar sus funciones, sin ir más allá de las actuaciones de María Farnés. Ventura, sería un mero coadyuvante, según el artículo 125 de CE, pero ¿cómo plantear una acción civil en un campo penal?, según Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 14/9/1994». 

Dos reputados abogados tinerfeño engrosan las defensas en el Caso Las Teresitas: Ramón González de Mesa y José Luis Gutierrez.  El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, también se encuentra personado en el proceso, como acusación. 

El Presidente de la Audiencia Provincial de Tenerife increpa al Gobierno de Canarias 

La certera crítica del Presidente Magistrado,  Joaquín Astor Landete, reclamando «nueva sede judicial hace 12 años al Gobierno de Canarias» fue el primer dardo mediático, con el que comenzó el juicio por el caso Las Teresitas. En una solicitud cursada por el propio Magistrado ante la Dirección General de Justicia, el 15/7/2016, solicitando la habilitación especial de una sala para los medios de comunicación, igualmente le fue denegado.

Esta negativa, supone un espacio muy limitado en la sala, para los ciudadanos que, acuden personalmente al Palacio de Justicia, para seguir en vivo este juicio, habiéndose vertido cientos de protestas, por tal circunstancia, desde el comienzo de la vista. Astor Landete, reanuda sesión el 12 de septiembre a las 9.45 horas, tomando declaración a un testigo crucial, Rodolfo Nuñez, expresidente de Caja Canarias. Sobre este Juez Magistrado, recae la responsabilidad judicial, más trascendente de Canarias, hasta la actualidad. «Alea iacta est»: La suerte está echada.

@MariaMonteroTFE

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Recibe nuestras noticias en tu correo

Lo más leído