La pobreza es una clara vulneración de los derechos humanos por lo que es necesario intensificar las acciones dirigidas a combatir el empobrecimiento en el mundo y lograr un reparto más justo de la riqueza, evitando las guerras por el control geoestratégico de los recursos, la destrucción de la naturaleza y las desigualdades sociales.
Los derechos basados en la solidaridad son el cauce adecuado para atajar las desigualdades y frenar el incremento de la pobreza. Asimismo, las políticas públicas basadas en la justicia social y ambiental son las que ponen en el centro a las personas y al planeta a través de políticas fiscales progresivas y suficientes, el cuidado del medio ambiente y la transición a un modelo energético sostenible.
En esa línea ya existen compromisos internacionales asumidos por España, entre los que hay destacar los más recientes como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas, o el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que necesitan ser cumplidos y respetados. De otro modo, las desigualdades, la pobreza y la insostenibilidad continuarán en aumento.
Los derechos humanos deben ser plenamente garantizados por las políticas públicas, haciendo frente de manera especial a tres cuestiones: pobreza, desigualdad e insostenibilidad. Entendida la pobreza como un problema multidimensional que engloba varias manifestaciones, entre las que destacan la infantil, la energética y la laboral. La desigualdad referida fundamentalmente a la existente entre géneros en cuanto al acceso a la educación, al trabajo y a la propiedad, así como a la que afecta al ámbito económico. Y la insostenibilidad referida al cambio climático y a sus causas que dificulta el cumplimiento de la agenda de desarrollo.
En este apartado de los derechos humanos merecen una especial atención las personas que, fundamentalmente, por las guerras, el hambre y el cambio climático, tienen que migrar de sus países de origen en búsqueda de un horizonte digno para sus vidas. Por ello, la migración debe considerarse como un derecho a tutelar por los Estados.
La Junta de Castilla y León está comprometida con la cooperación para el desarrollo ya que entiende que la lucha contra la pobreza es una cuestión de justicia global, en cuanto que busca garantizar los derechos humanos para todas las personas, en todo el mundo, y porque es una cuestión de dignidad humana aspirar a un mundo más equitativo e inclusivo. Y asimismo, porque la lucha contra la pobreza se trata de una cuestión de solidaridad intergeneracional, ya que compromete el desarrollo de las generaciones futuras.
Para resolver estos problemas debe afrontarse su solución desde una visión global, garantizando, no solo dentro de nuestras fronteras, sino también fuera de ellas el acceso al estado del bienestar y los servicios públicos esenciales.
La Junta de Castilla y León considera que la Cooperación para el Desarrollo es una política social pública más, al igual que la educación, la sanidad, los servicios sociales o la atención a la dependencia. Igualmente, considera que la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global es la principal herramienta con la que se cuenta para la consolidación de una ciudadanía responsable y comprometida con las cuestiones que afectan a la Tierra y a la Humanidad en su conjunto.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, y vista la propuesta de la Coordinadora de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo en Castilla y León, (CONGDCyL) la Junta de Castilla y León,
ACUERDA:
Comprometerse a trabajar por el respeto de los derechos humanos para todas las personas del mundo.
Comprometerse a considerar la política de Cooperación para el Desarrollo como una política social pública que se potenciará en la medida de las disponibilidades presupuestarias.
Comprometerse a potenciar la Educación para el desarrollo y la ciudadanía global como la principal herramienta de retroalimentación de la solidaridad con la ciudadanía de Castilla y León, adjudicándola una partida presupuestaria propia dentro de las políticas de Cooperación para el Desarrollo cuya cuantía será la que fije el Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León.
Sumarse a la celebración del día internacional para la erradicación de la pobreza el 17 de octubre y a sus manifestaciones públicas en las campañas de “pobreza cero”.
