En plena resaca del Comité Federal en el que los socialistas decidieron su abstención en la próxima investidura de Mariano Rajoy, un nuevo escándalo en torno a esta trama de corrupción interminable ha sacudido el PSOE de Andalucía; precisamente el máxime defensor de no ir a unas terceras elecciones.
La juez instructora de los EREs, María Núñez Bolaños, ha comunicado este lunes a las partes la imputación de 29 personas por la adjudicación fraudulenta de 9,3 millones de euros en el entramado de la Sierra Norte de Sevilla.
Revela Miguel Blasco en ‘Esdiario‘ este 24 de octubre de 2016 quer, entre ellos está el exconsejero de Empleo Antonio Fernández -con otras causas abiertas-, cuya sombra ha seguido planeando sobre el Gobierno de Susana Díaz. No en vano la presidenta andaluza mantuvo a su mujer, Esperanza Perea, como alto cargo de la Junta hasta que en agosto del año pasado su situación se hizo insostenible.
Junto a Fernández han sido imputados el archiconocido exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero; y dos exalcaldes de El Real de la Jara y Guadalcanal, José Antonio Méndez y Carmelo Montero, respectivamente. También figuran los exdirectores del IFA/IDEA, las empresas pagadoras de las ayudas, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano.
La juez investiga las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a empresas dedicadas a varias actividades. La de más cuantía asciende a 1,2 millones de euros y fue concedida en varios pagos entre 2004 y 2007 a Romero Álvarez S.A.
La magistrada Bolaños considera que en la concesión de estas ayudas se podría haber cometido una «infracción penal» y cita a los primeros imputados a declarar el 17 de noviembre.
El PSOE andaluz ha corrido un tupido velo en torno a estas nuevas imputaciones, con el socialismo volcado en lamerse las heridas tras el Comité Federal de este domingo y/o en hacerse otras nuevas, a juzgar por la reacción de los pedristas.