LA guerra abierta que ha declarado al turismo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, empieza a manifestar sus nocivos y perjudiciales efectos sobre la economía de la Ciudad Condal, y lo peor de todo es que sus consecuencias se agravarán a medio y largo plazo conforme este tipo de políticas se mantengan e intensifiquen en el tiempo.
A la estricta moratoria hotelera que puso en marcha el pasado año, se suma la paralización de licencias para todo tipo de negocios relacionados con el sector turístico que acaba de decretar por sorpresa en el centro de la ciudad, y que afecta, entre otros, a comercios, bares, restaurantes o agencias de viajes.
Estas restricciones no solo suponen un intolerable ataque a la iniciativa empresarial y la libertad económica, sino que se traducen en la destrucción de riqueza y empleo, con el consiguiente empobrecimiento de los barceloneses.
El mercado turístico es, sin duda, el principal motor económico de Barcelona, con casi el 15% del PIB, ya que es la cuarta ciudad más visitada de Europa, pero Colau se ha propuesto dañar su crecimiento presente y futuro.
Por el momento, la paralización de 29 proyectos hoteleros supondrá la pérdida de hasta 10.000 empleos potenciales, pero es que además la limitación arbitraria de alojamientos que impone el Ayuntamiento está disparando la economía sumergida y generando una peligrosa burbuja especulativa en los precios de los hoteles existentes, que ahora amenaza también con extenderse a la compraventa de licencias comerciales en los barrios más turísticos.
Todo ello se traduce en una sustancial pérdida de competitividad, inversión y actividad económica que, sumadas a la inseguridad jurídica y la turismofobia que transmite el Ayuntamiento, podría acabar matando a la gallina de los huevos de oro de Barcelona.
