«Con la especulación inmobiliaria de hace años, pelotazos urbanísticos, forma de hacer dinero rápido y fácil, respecto a los terrenos del frente de playa de Las Teresitas, cercanos a Santa Cruz de Tenerife, dónde actualmente residen unas 500.000 personas, se podía platear la tentativa de explotar estos terrenos en sentido urbanístico, muy apetecibles para construir hoteles, en unas tierras propiedad de gente humilde, llegando unos desaprensivos, como un abogado que está siendo procesado en estos momentos, en un juicio paralelo al caso de Las Teresitas, y especular con los terrenos de esta pobre gente…
Para ello, se formó una Junta de Compensación para negociar estas tierras, se constituye la empresa ILT (Inversiones Las Teresitas) como socios Antonio Plasencia e Ignacio González, y se concedieron a esta empresa ILT, 5.000 millones de pesetas a modo de crédito por la entidad Caja Canarias, para comprar dichos terrenos en 1998, y realizar edificaciones hoteleras, desvirtuando la playa virgen», sintetiza el experto abogado penalista Ángel Isidro Guimerá, en una entrevista concedida en Gente Radio.
Guimerá fue presidente del Partido Popular (PP) de Canarias, Senador, Parlamentario, concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife junto al incansable médico y expresidente del PP de Tenerife, Guillermo Guigou; profesor de Derecho Penal en la ULL (Universidad de La Laguna), batallador con Guigou en los juzgados denunciando a la Refinería de CEPSA por la contaminación del aire en la capital de Tenerife, y un estudioso del sumario del caso penal de Las Teresitas, juicio celebrado en la actualidad en la Audiencia Provincial de Tenerife, presidido por el Magistrado Astor Landete, después de diez años de instrucción, con cinco años de secreto de sumario.
Son trece encartados, el exalcalde Miguel Zerolo (CC), exedil Manuel Parejo (CC), exedil Emilio Fresco (PSOE), exedil José Emilio García Gómez (PP), junto a los empresarios Ignacio González (expresidente del PP en Tenerife y expresidente de la Cámara de Comercio de Tenerife), y Antonio Plasencia (recientemente condenado en el caso Áridos de Güimar), junto a diferentes funcionarios. Para algunos se solicitan penas de prisión por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.
PREGUNTA: El retrato del paraíso natural de una playa virgen en el entorno del Parque Rural de Anaga…
RESPUESTA: «Es una playa a pocos kilómetros de la capital de Tenerife, que usan miles y miles de personas, algunos turistas, a su lado la cordillera de Anaga, temperatura ideal de 18 a 25 grados todo el año, playa virgen, no existen grandes hoteles, ni restaurantes, hay chiringuitos que el ayuntamiento pretende actualizar, pero es un playa virgen que debe ser conservada así, porque la mayoría de los ciudadanos de Santa Cruz así lo quiere…No me opongo al desarrollo en las costas del sur y norte de España, pero en Las Teresitas no está acorde una planificación hotelera..» describe Guimerá, convencido de la protección ambiental de este enclave natural.
P: ¿Cómo se gesta el germen de la compra-venta de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas por el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife…?
R: «Se vendieron los solares del frente de playa para construcción o especulación de una forma irregular, porque en la Junta de Compensación creada para negociaciones, se manipularon cosas y se sucedieron irregularidades, que se están juzgando en este momento, sin que haya sentencia todavía…Unos señores empresarios (Antonio Plasencia e Ignacio González), se apropian de estos terrenos, comprándolos a la Junta de Compensación a través de la empresa ILT en 1998. Unos meses más tarde, el ayuntamiento de Santa Cruz en 2001, con el pretexto de no construir en los terrenos, compra los mismos solares por 8.000 millones de pesetas (52 millones de euros) a ILT, que a su vez habían comprado por 5.000 millones de pesetas a los propietarios humildes meses antes, ganando los empresarios en esta operación 3.000 millones de pesetas en pocos meses, al vender las tierras después al consistorio», concreta Ángel Isidro.
P: ¿Y el préstamo concedido por Caja Canarias a los empresarios (ILT), para acceder a la compra-venta? ¿Ética bancaria?
R: «Los 5.000 millones de pesetas que otorgó Caja Canarias a un empleado del empresario Ignacio González, para que se pudiera ejecutar la compra-venta, solicitando un crédito, no se comprende, con la cantidad de documentación que se solicita normalmente a cualquier ciudadano al solicitar un préstamo, se concedieran por esta entidad 5.000 millones sin presentar apenas papeles…Por otra parte, ILT se reserva una parte importante de los terrenos, el Valle de las Huertas, detrás de la playa, donde se concentra una gran volumetría que después se vendió a MAPFRE por 12.000 millones de pesetas, por tanto, esta empresa ILT se embolsa 15.000 millones de pesetas sin arriesgar nada. En esta operación política y económica, donde se sientan el exalcalde Miguel Zerolo (CC), Caja Canarias con su imagen presente y se entregan 5.000 millones de pesetas a ILT, sin formalizar el aval, ya que fueron los propios terrenos del frente de playa el propio aval, independientemente de la solvencia económica de los empresarios, se cierra un préstamo multimillonario «, explica el abogado Guimerá. Posteriormente, el Banco de España intervino esta operación de crédito, y la entidad Caja Canarias fue sancionada.
P: ¿Consecuencias negativas de la adquisición de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz …? ¿Discrepancias entre los técnicos en los precios de tasación?
R: «Los empresarios se embolsaron 15.000 millones de pesetas aproximadamente, sin arriesgar nada, y el ayuntamiento hizo la operación de adquisición del frente de playa con dinero público, teniendo la oportunidad de hacerlo por un precio mucho más económico, como sostiene la exarquitecta municipal, Pía Oramas. El ayuntamiento pagó 52 millones de euros a ILT, y Oramas realizó una tasación de 19 millones de euros, siendo esta diferencia de tasación un auténtico disparate. El ayuntamiento está para defender el dinero público. Si se hacen operaciones fraudulentas, acaba en los tribunales…El exalcalde Miguel Zerolo no puede tirar «voladores»por esta operación, cuando se podía haber hecho de una forma mas barata, y es lo que se juzga con un espectáculo lamentable en la Audiencia Provincial, como para que diga Zerolo en el juicio, que esta operación financiera era para salvar la playa», asevera Guimerá.
P: ¿Evasión de responsabilidades entre los encartados en el caso Las Teresitas?
R: «El exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo (CC), el echa la culpa en el juicio al exalcalde Zerolo (CC), alegando que le informaba de todo y tomaba decisiones, sin embargo, Zerolo dice que no sabia nada, al no ser un hombre de números, volcando la responsabilidad hacia la Gerencia de Urbanismo, como la conocedora de todo el expediente, y le echan la culpa a los técnicos…Los técnicos dirán que recibían órdenes de los políticos y arremeterán contra los políticos, en una causa de más de 40.000 folios, según me dicen algunos abogados con los que converso «, relata Ángel Isidro con cierta indignación.
P: ¿Por qué han transcurrido 15 años sin que se impulsaran denuncias durante la compra-venta de las tierras en 2001, y las querellas llegaron después?
R: «Antes de que estos hechos los denunciara el PSOE con una querella en 2006, las presuntas irregularidades de este expediente de Las Teresitas, se comentaban en tertulias en medios de comunicación. Este problema lo conocía mucha gente, y el Ministerio Fiscal debería haber abierto diligencias informativas, acto que no ha hecho, aunque era notorio y público. Todo el mundo, cuando conoce un delito, debe denunciar. En un programa de televisión, denunciábamos estos hechos semana tras semana, y le molestaba al exalcalde Zerolo ,que contáramos «verdades como puños». Este es un debate que dura casi 50 años sobre Las Teresitas, y desde los últimos 17 años se espera un desenlace, aunque el panorama presenta ramalazos presuntamente delictivos, y serán los jueces los que determinen culpabilidad o absolución».
P: ¿La Justicia que no es pronta no es Justicia?
R: «La Justicia que es lenta no es Justicia, les decía a mis alumnos en la Facultad de Derecho, y además las pruebas se pierden. No se puede someter a la gente al suplicio de esperar 15 años, como es el caso de este juicio, sujetos a la Espada de Damocles, siendo un castigo añadido la espera, tanto si eres inocente o culpable. Estas dilaciones indebidas en un juicio, no deben sobrepasar los dos años contando la instrucción, pero el exceso de tiempo puede ser considerado como atenuante analógica, según una sentencia del Tribunal Supremo, y ppdría rebajar la pena hasta dos grados (la mitad de la pena). No hay excusa para la dilación del juicio de Las Teresitas, en el que se solicitan 8 años de prisión para el exalcalde Zerolo, y otros 8 años de prisión para el exconcejal de Urbanismo Parejo. Si se tienen antecedentes como Zerolo, condenado por el caso García Cabrera, y Parejo también con otras condenas, podrían obtener reducción de penas si fueran condenados en este proceso. Así también creo, que el exsecretario general del ayuntamiento, José Eugenio Zárate, una gran persona, dudo mucho que se haya lucrado con esta operación. Hay encartados de los cuales no tengo porqué dudar ,pero la Justicia es la Justicia, y llegará la sentencia, se verán las responsabilidades».
P: ¿Se trata de un pelotazo urbanístico?
R: «Los antecedentes, y como se ha hecho la operación de Las Teresitas, es un pelotazo de libro, de los que se pueden deducir responsabilidades penales, y cómo se impongan las cuantías de las penas, ya se verá…Lo que determine el Tribunal, que posiblemente dicte sentencia en febrero de 2017,aunque es probable que recurran al Tribunal Supremo, sumando otros 3 años más para resolver, y por ende, se podrían suspender la aplicación de la penas antes de una sentencia firme».
P: ¿Por qué no se está juzgando el cohecho en el caso Las Teresitas?
R: «El cohecho es un delito muy grave, en el que se adoptan resoluciones a cambio de dinero, por parte de funcionarios públicos que se venden por dinero. El problema, es que es muy difícil de probar que los concejales pudieron recibir dinero en la compra-venta de Las Teresitas, por eso no están acusados por este delito. Es una hipótesis, ni sospecho ni dejo de sospechar. En el cohecho, la gente no firma cheques ni documentos, no lleva testigos, ¿cómo demostrarlo?
Aquí se juzga otra figura, la prevaricación, que es dictar resoluciones injustas y se dilucida si actuaron mal…El Ministerio Fiscal, encarnado con María Farnés, creo que ha estudiado muy bien el asunto, hay que estar muy preparado para un juicio de estas características».
P: ¿Tiene tanta trascendencia el informe de la arquitecta municipal Pía Oramas en el proceso en la Audiencia Provincial?
R: «El dictamen de Pía Oramas es la prueba fundamental en la que se basa la sentencia del Tribunal Supremo en 2007 que anula la compra-venta del frente de playa de Las Teresitas, y puso de manifiesto, el porqué este informe de la exarquitecta municipal, no se incorporó en el expediente elaborado por el ayuntamiento para la compraventa de los terrenos, cuando en el mismo, había otros informes por tasaciones de 8.700 millones de pesetas, creando una fuerte controversia entre los peritos en el juicio, y en los funcionarios si tuvieran conocimiento de una diferencia tan sustancial entre las diferentes tasaciones en el 2001, cuando Urbanismo elaboraba el expediente municipal para la compra-venta.
Cuando se encarga un dictamen a particulares o a empresas que están en el mercado, es muy particular…todo el mundo sabe que se encargan dictámenes a medida y los peritos incluyen su punto de vista, y es un peritaje parcial. La diferencia es que Pía Oramas no puede hacer un dictamen caprichoso ni sujeto a que le digan como tiene que hacerlo, aunque Oramas ha declarado que ha recibido presiones. Ella sabe por su condición de funcionaria, que no podía mentir ni falsear su informe, sino que debía ser auténtico, para no incurrir en responsabilidad penal. Pía Oramas, realizó un informe de acuerdo a los parámetros de mercado, mantuvo su criterio en el juicio, no sujeta a la conveniencia de quien se lo encargaba. El dictamen de Oramas del 2001, que tasaba los terrenos del frente de playa en 19 millones de euros, aunque el consistorio pagó a la empresa ILT, 52 millones de euros, desapareció, y no estaba en el expediente del ayuntamiento. ¿Qué hizo la Gerencia de Urbanismo con el informe de Pía Oramas?
Ahora los inversionistas de la playa (ILT), tras la sentencia del Tribunal Supremo en 2007 anulando la compra-venta, querrán que les devuelvan los terrenos con la misma volumetria de 1998, pero eso es imposible…»
P: ¿De celebración «jurídica» con el exconcejal Guillermo Guigou?
R: «Me siento totalmente orgulloso de Guillermo Guigou, un amigo excelente, trabajador honesto incansable, con quien fundamos la formación política Ciudadanos de Santa Cruz, y ejercimos de concejales en el consistorio tinerfeño. Trataron de cercenar la carrera política de Guigou por envidias, igualó al excalde Manuel Hermoso (ATI-CC) en concejales, en una época política irrepetible, y coincido en el planteamiento político con Guigou durante años, denunciando políticamente el presunto «pelotazo» de Las Teresitas.
Tomamos la iniciativa para denunciar a CEPSA, por contaminar el aire de Santa Cruz de Tenerife, gracias a un dictamen de la Universidad de Santiago de Compostela, y presentamos una querella contra la Refinería, cuando la Consejería de Medio Ambiente parecía un miembro del Consejo de administración de CEPSA, y por fin, en los tribunales comienzan a reconocer el derecho a la calidad del aire de la ciudad…
Con Guillermo Guigou, cumplimos con nuestro deber, y de conciencia vivimos muy tranquilos. No vamos contra nadie y siempre hemos acudido a la Justicia. Hemos alzado la voz en muchos temas…Hoy en día tenemos la conciencia del deber cumplido».
