La nueva versión del cortijo caciquil

La agenda del nepotismo socialista en Andalucía

Tras el escándalo de los ERE, un organismo destinado a promover el empleo en Andalucía se transforma en un coladero de «enchufados» vinculados a cargos socialistas

La agenda del nepotismo socialista en Andalucía
Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. PD

BIEN conocido por el rigor ético con que suele tratar al Partido Popular en cuestiones de corrupción, Ciudadanos vuelve a tener una oportunidad para demostrar su imparcialidad y autenticidad, esta vez en Andalucía, con su socia Susana Díaz.

Los malos hábitos del Gobierno andaluz de utilizar una administración paralela para financiar a amigos y familiares siguen vigentes, según revela ABC en la información exclusiva sobre la situación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Esta agencia es heredera del Instituto de Fomento de Andalucía, el IFA, y ha sido la columna vertebral de la trama de los ERE falsos, que va a sentar en el banquillo a dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Actualmente, en IDEA está contratada una veintena de familiares de antiguos altos cargos públicos y exdirigentes del PSOE.

Una prima del expresidente Felipe González, un exconcejal de Cádiz y la pareja de un exconsejero acompañan en la lista de contratados a hijas, hermanos y sobrinas de representantes del socialismo andaluz.

Al ser una agencia pública y no un órgano interno de la administración autonómica, la inspección sobre el uso de los fondos en IDEA es más complicado y favorece una opacidad en la que fermentan la arbitrariedad y la sospecha.

Tras el escándalo de los ERE, de Mercasevilla y de los cursos de formación, entre otros, surge un nuevo caso en el que una agencia destinada a promover la modernización y el empleo de Andalucía se transforma en una agencia, sí, pero de colocación nepotista en la nueva versión del cortijo caciquil.

Al margen de que estas contrataciones sean o no ilegales -habría que conocer las condiciones en las que se realizaron, si precisaban o no concurso público o cuáles eran las condiciones específicas de formación y experiencia necesarias para acceder al puesto-, en Andalucía hay que decir basta al abuso de la administración autonómica por parte del poder.

El grado de arraigo del amiguismo y de la arbitrariedad con la que se maneja el dinero público es tal que los sumarios de los ERE y sus numerosas piezas separadas no han podido desmantelarlos.

Y la culpa no es principalmente de la Justicia. Los jueces siempre llegan después, cuando el delito ya se ha producido, y no son ellos, en última instancia, a quienes corresponde garantizar la higiene de la gestión pública, sino a los responsables políticos, más aún cuando se trata de vigilar unos fondos destinados a fomentar y mejorar el empleo.

Por eso es evidente que, sin un cambio de ciclo político en Andalucía, no se dará el salto cualitativo necesario para romper los vínculos de corrupción y abuso entre el PSOE y la organización administrativa de Andalucía.

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