El caso de los «telepredicadores» en Canarias continúa abierto, y ha causado un cisma político en el Cabildo de Tenerife, al debatirse en pleno las consecuencias de la emisión de programas que incitan a la violencia y vulneran derechos civiles, y la retirada de publicidad institucional a los medios de comunicación que atenten contra el honor de las personas.
El sonoro ejemplo de Mi Tierra TV como imagen antisocial, sobre las agresiones verbales y amenazas proferidas por su director Pepe López en sus programas emitidos en el norte de Tenerife, ha sido la referencia citada por algunos grupos políticos para sentar un precedente institucional versado en la condena a la difusión de contenido discriminatorio por medios de comunicación, y la no contratación de campañas de publicidad con dinero público por parte del Cabildo Insular, haciendo extensible el acuerdo para medios nacionales y demás administraciones públicas.
Son tiempos duros para Pepe López, administrador único de la empresa LA VOZ DEL VALLE TV, S.L desde el 16/8/2011, y directamente vinculada al medio de comunicación Mi Tierra TV, con una declaración de INSOLVENCIA con carácter Provisional, según Mandamiento expedido el 26/5/2014 por el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social Nº5 de Santa Cruz de Tenerife en el procedimiento 297/2013.
Sin embargo, el jaque mate televisivo para Pepe López llegó con la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2015, al denegarle un recurso interpuesto contra una resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia, y confirmar contra Pepe López y Mi Tierra TV su ilegalidad.
El director de Mi Tierra TV, Pepe López, impugnó ante el TSJC la resolución de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, por la que se resuelve el expediente sancionador incoado a LA VOZ DEL VALLE, S.L por la comisión de infracción administrativa en materia de comunicación audiovisual, imponiendo una multa por importe de 500.001 euros por la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre, sin la preceptiva licencia administrativa, calificada como muy grave, en el artículo 57.6 de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual. La pretensión de Pepe López para zafarse de dicha sanción impuesta por la Viceconsejería de Comunicación, le fue denegada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.
Dos claves inculpatorias para Pepe López y su televisión ilegal fueron determinantes para fallar sentencia contra este medio de comunicación. Un informe de la Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del 20/1/2011, donde se pone de manifiesto la emisión de televisión digital terrestre sin título habilitante por parte de LAVOZ DEL VALLE, S.L en el canal 40 desde el centro emisor de Los Realejos. Por otra parte, el informe de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información sobre la campaña de medidas TDT en noviembre de 2011, constatando el espectro correspondiente a las emisiones por el canal 40 de Mi Tierra TV en el Puerto de la Cruz.
La excesiva potencia del canal 40 de Mi Tierra TV, y el espectro ensanchado y mal filtrado que hace que se inserte en canal 39 y 41, sumado a otra confirmación de un informe de la Jefatura de Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife, de la estación de televisión digital cuyo responsable es LA VOZ DEL VALLE, S.L, son Fundamentos de Derecho esgrimidos por el TSJC para desmantelar jurídicamente la «situación de indefensión buscada» por Pepe López al no darse nunca por notificado, respecto el expediente sancionador incoado por la Viceconsejería de Comunicación, ni aún cuando fue publicado por edicto en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
«La actuación de quien a sabiendas y sin amparo legal de ningún tipo hicieron uso del espacio radioeléctrico de forma inconsentida, que es la tipificación de la sanción impuesta» es la calificación que argumenta el TSJC para describir la conducta de LA VOZ DEL VALLE, S.L bajo el liderazgo empresarial de Pepe López en Mi Tierra TV, quedando acreditado que la Viceconsejería de Comunicación tramitó expedientes a todas las empresas que se encontraban en la misma situación, sin poder demostrar Pepe López ninguna desviación de poder.
La sentencia contra Pepe López dictada por el TSJC el 16 de marzo de 2015, firmada por el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Pedro Manuel Hernández, junto con el Magistrado ponente Juan Ignacio Moreno-Luque y la Magistrada María del Pilar Alonso, no deja resquicio a recurso de casación, y al ser sentencia firme, de facto impone su ejecución contra Mi Tierra TV.
El Boletín Oficial de Canarias especifica claramente en su publicación del 25 de febrero de 2015 que, LA VOZ DEL VALLE, S.L no obtuvo licencia alguna de TDT (Licencias de Televisión Digital Terrestre) en la adjudicación por el Gobierno de Canarias, aunque se presentara al concurso como licitador.
Este dictamen jurídico del TSJC en 2015, resalta la magnitud del alcance de la irregularidad manifiesta que Pepe López ha cometido al emitir desde Mi Tierra TV sin licencia, habiéndose impuesto la sanción mínima prevista para este tipo de infracción consistente en 500.001 euros, resolución que ya no recurrió. Sin embargo, pese a la firmeza de la sentencia, el Gobierno de Canarias no ha impedido que siga emitiendo este canal y no hay constancia expresa de que Pepe López haya pagado esta multa, ni que el Ejecutivo se encuentre persiguiendo al deudor Mi Tierra TV.
El Gobierno de Canarias debería dar explicaciones sobre la ejecución de la deuda contra LA VOZ DEL VALLE, S.L dado que podría estar incurriendo en prevaricación por omisión. El anterior Gobierno presidido por Paulino Rivero (CC), dejó zanjado el concurso TDT en 2015 dando cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo, pero el actual Ejecutivo canario liderado por el Presidente Fernando Clavijo (CC), no resuelve la emisión ilegal de esta televisión, que continúa con su programación, e insultos varios por parte de Pepe López a destacadas autoridades y celebrities de la sociedad canaria, desafiando al TSJC al no acatar la sentencia.
¿Por qué el actual Gobierno de Canarias consiente esta ilegalidad? ¿Acaso no ha transcurrido tiempo suficiente para requerir política o judicialmente a Mi Tierra TV? ¿Contratar publicidad con un medio ilegal por sentencia firme también puede ser delito? Hay expertos que apuntan a la ilegalidad de contratación de publicidad institucional a televisiones sin licencia al ser ejecutada una sentencia del Tribunal Supremo y ser plena la adjudicación a las actuales empresas adjudicatarias. ¿Cual es la clave de este ilegal mantenimiento por parte del Ejecutivo? ¿Se trata quizás de fuertes intereses políticos ocultos, miedo a la critica, o tratos de favor?
El Grupo de Comunicación El Día habiendo obtenido licencia TDT, ¿porqué no denuncia esta competencia ilegal de Mi Tierra TV, ni publica nada en su medio, ni exige el cumplimiento de la sentencia del TSJC?
El Presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, y Alcalde de Los Realejos, fue inquirido públicamente en el pleno del Cabildo al ser Consejero en la oposición, para dar explicaciones por contratar desde su municipio publicidad con Mi Tierra TV, pero no despejó ninguna cuestión relativa a contemplar la ilegalidad de sus contrataciones con esta televisión ilegal, ni mucho menos declaró en este pleno insular la intención concreta de dejar de pagar a la empresa de Pepe López. Más bien, en un papel de víctima política fingida, aludía su «buen hacer» mientras era cuestionado al fondo de la sala por la bancada de los ciudadanos que allí se encontraban.
Las facturas a favor de la ilegal Mi Tierra TV siguen apareciendo en otros municipios tinerfeños al ser solicitadas por damnificados en ejercicio de la Ley de Transparencia. El Ayuntamiento de El Sauzal cuenta con pagos a la empresa PRAUDTE, S.L, vinculada igualmente a Mi Tierra TV por valor de 1.535 euros en 2016 por diferentes campañas, según informa el Interventor de Fondos y rubrica el Alcalde nacionalista Mariano Pérez (CC). El pleno de este ayuntamiento también sometió a explicaciones al alcalde respecto a las contrataciones de publicidad con Mi Tierra TV, que alegó «no tener constancia de la ilegalidad de esta televisión».
El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo contrató en 2015 alrededor de 10.000 euros de publicidad con la empresa PRAUDTE, S.L destinados a diferentes campañas ejecutadas por Mi Tierra TV, según informes de la Intervención municipal, presidiendo este municipio el alcalde nacionalista Haroldo Martín (CC). Este municipio sufrió una moción de censura reciente urdida por el PP para desbancar al PSOE, y formar gobierno PP-CC, enfrentándose el ex-alcalde popular Fermín Correa con el Presidente del PP Manuel Dominguez por las claves de esta censura.
¿Seguirán apareciendo más y más facturas vinculadas a la ilegal Mi Tierra TV? ¿El Cabildo de Tenerife también ha contratado publicidad con PRAUDTE, S.L? ¿Hasta cuando el Gobierno de Canarias va a permitir este perjuicio de emisiones ilegales para los reales adjudicatarios de licencias TDT? ¿Existen más sentencias que condenan a Pepe López y recursos enervados para impedir la ejecución judicial de la sentencia del TSJC? ¿Los responsables de Mi Tierra TV son diligentes en el cumplimiento de la suspensión de emisiones, o seguirán emitiendo sin licencia? ¿La Fiscalía Anticorrupción va a tomar parte activa en la investigación sobre la contratación de publicidad a Mi Tierra TV mediando una sentencia firme que reza su ilegalidad? ¿Algún medio de comunicación adjudicatario de TDT se atreverá a denunciar a Mi Tierra TV?
¿Y si algún grupo político le pidiera una comparecencia en el Parlamento al Presidente del Gobierno de Canarias, y tuviera que explicar la inacción por no cerrar Mi Tierra TV, o se acusara políticamente al Ejecutivo de prevaricación por omisión? ¿Ninguna autoridad va a tener en cuenta presuntos delitos de odio a través de las ofensas verbales de Pepe López en sus programas contra cargos públicos u otros ciudadanos?
De «telepredicadores» está el mundo lleno. Fin de la cita.
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