Lo que mal empieza, mal acaba. La Comisión de Garantías en Baleares del partido liderado por Pablo Iglesias, Podemos, -el mismo que da apoyo parlamentario al Gobierno balear de coalición de los socialistas del PSIB y los nacionalistas de Més, bajo la batuta de Francina Armengol-, se ha salido con la suya: ha comunicado este lunes 5 de diciembre de 2016 a la presidenta del Parlamento balear, Xelo Huertas, que será expulsada del partido, así como la diputada Montserrat Seijas y el miembro de la formación Daniel Bachiller. (Suspenden de militancia por corrupción a la presidenta podemita del Parlamento balear: «Es por celos y testosterona»).
La decisión se produce a raíz del expediente abierto a los tres, por la supuesta amenaza de las dos primeras de votar en contra de los presupuestos autonómicos para 2017, si no contemplaban financiación para el laboratorio científico que dirige el último citado. (La presidenta podemita del Parlamento balear se rebela y vota con el PP… rebotando a sus iracundos camaradas).
CONFIRMACIÓN DE JARABO
Así lo ha confirmado el secretario general de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, en la Cadena Ser, donde ha explicado que esta decisión se ha adoptado tras atender las alegaciones presentadas. (Descarga podemita al ‘Pablo Iglesias balear’ por meter los dedos en el enchufe de IB3).
Ahora, los afectados o bien aceptan esta resolución o bien disponen de siete días hábiles para recurrir ante la Comisión de garantías estatal. La formación, en un comunicado emitido posteriormente, ha detallado que la Comisión de garantías ha hecho llegar al Consejo de coordinación la resolución sobre el expediente y que ha resuelto en la expulsión de estas tres personas del partido. (Las prácticas estalinistas de los podemitas baleares: ¡falsifican la firma de su diputada!).
Además, la Comisión de garantías ha comunicado que las personas afectadas han sido informadas este mismo lunes del resultado de la resolución y de los plazos que disponen para presentar alegaciones en segunda instancia en el caso de que no acaten la decisión tomada por la comisión.
De esta manera, los afectados tienen un plazo de siete días hábiles, contando a partir del día siguiente de la notificación, para alegar ante la Comisión de garantías democráticas estatal lo que consideren. El último día para presentar estas alegaciones será el 16 de diciembre de 2016.
