La pregunta de la consulta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?”
El diario ‘El País’ accede al borrador de la ‘ley de ruptura’ que la Generalitat ha mantenido en secreto durante meses y lo publica con todo lujo de detalles este 22 de mayo de 2017.
La Generalitat tiene ya preparado el mecanismo para activar la secesión inmediata de Cataluña del resto de España si el Gobierno central impide que se celebre la consulta para la independencia, prevista para finales de septiembre o principios de octubre.
Se trata de un documento que aspira a funcionar como constitución provisional catalana durante el plazo de dos meses que, según recoge el mismo texto, tendría el Parlament para poner en marcha un proceso constituyente que desembocara en la «república parlamentaria» de Cataluña.
«Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento», afirma la disposición final del borrador.
«¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?». La pregunta que el Gobierno catalán quiere someter a referéndum después del verano y que el presidente de la Generalitat ha querido mantener en secreto hasta ahora también está incluida en la Ley de Transitoriedad Jurídica.
Esta ley no solo intenta dar cobertura legal al referéndum, sino que establece que el resultado del mismo será vinculante sin que sea necesario ni un mínimo de participación ni una mayoría cualificada para una eventual secesión.
La ley que prepara la Generalitat para romper con España persigue amnistiar a todos los imputados y condenados por causas judiciales vinculadas al proceso soberanista. Esta medida afectaría directamente al expresidente Artur Mas, al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impuso una pena de dos años de inhabilitación por la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014.
La ley fundacional también contempla que la futura justicia catalana arrebate al Tribunal Constitucional, al Supremo y a la Audiencia Nacional los casos que tramita en la actualidad.
Los autores de este borrador dan por descontados actos y realidades jurídicas y materiales de enorme trascendencia y complejidad, como que la nueva república seguiría formando parte de Europa, que las prestaciones sociales como el paro o las pensiones estarían garantizadas o que todos los impuestos —y las sanciones por su incumplimiento— pasarían a depender íntegramente del Govern.
Bajo la lógica constituyente de los redactores, ninguna de estas disposiciones infringe la legalidad porque, como dice el segundo artículo, sostienen que «la soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña, del que emanan todos los poderes del Estado».
