Sin complejos, con la frialdad que exige la situación, y sin dar más pábulo a la propaganda gratuita de un independentismo que ha optado por un suicidio colectivo
CARLES Puigdemont tiene previsto anunciar hoy la fecha y la pregunta del referéndum independentista, con el que aspira a arrastrar a los catalanes a una ilegalidad flagrante. Conviene partir de una base objetiva: esa consulta no se celebrará porque no solo contraviene normas básicas, empezando por la Constitución, sino también porque en caso contrario el Gobierno central estaría prevaricando e incumpliendo su obligación de defender al Estado con el uso de la fuerza si fuera necesario.
Hace tiempo que el chantaje separatista ha dejado de ser una «cuestión política» basada en la manipulación constante de las emociones de todos los catalanes, de su cultura y de su historia. Hoy ese chantaje tomará cuerpo con el anuncio formal de un acto de sedición y rebeldía, y de exclusión del resto de españoles, que gozan del mismo derecho y legitimidad sobre el territorio de Cataluña que cualquier persona nacida en Barcelona.
Jurídicamente, el anuncio de Puigdemont no será más que una declaración de intenciones, una cábala premeditada en la conciencia de que no podrá cumplirse. Y es previsible que de momento nada quede rubricado en un documento oficial que pueda ser impugnado y anulado por el TC. Eso ocurrirá más adelante. Pero será lo de menos porque la Generalitat ya habrá iniciado la cuenta atrás hacia su ensoñación separatista y el Gobierno sabrá que la batalla real habrá empezado.
Rajoy cuenta con el respaldo del PSOE y de Ciudadanos, y Podemos se ha desmarcado de los independentistas a última hora después de defender dos años una consulta ilícita. Puigdemont está solo, con un partido en declive, con pésimas expectativas electorales y con el estigma de la inminente traición de ERC para sacar rédito de todos los errores cometidos por Mas y Puigdemont.
Ahora bien, haya o no desde hoy opción jurídica para anular el anuncio de Puigdemont, o haya motivo o no para abrir un proceso penal contra él para inhabilitarle, el Gobierno ya no puede ofrecer el más mínimo síntoma de debilidad. Desde el mismo instante en que definió el ataque de Puigdemont a nuestro sistema democrático como un «golpe de Estado», no hay contemplaciones que valgan.
Es evidente que llegado el momento el TC anulará y ejecutará todo lo necesario para impedir la consulta. Pero el Gobierno debe anunciar ya con claridad cómo impedirá que en Cataluña se cometa un acto sedicioso.
Sin complejos, con la frialdad que exige la situación, y sin dar más pábulo a la propaganda gratuita de un independentismo que ha optado por un suicidio colectivo.
Defender la aplicación del artículo 155 de la Constitución para que el Estado asuma competencias autonómicas en materia de seguridad, por ejemplo, no debe convertirse en un tabú. Lo ocurrido aquel infausto 9-N no puede volver a repetirse.
