En el 9-N el Gobierno se sintió engañado por Artur Mas, que decía una cosa en Barcelona y otra distinta en Madrid
El Gobierno de España está convencido de que Carles Puigdemont y los partidarios de su enloquecido procés separatista se han metido en un callejón sin salida.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy está dispuesta a darles «una salida» si «renuncian al chantaje», es decir, se tiran la toalla y desisten de celebrar el referéndum independentista previsto para el próximo 1 de octubre, según explican fuentes populares.
El plan pasa por constituir una comisión bilateral en el Senado que aborde el encaje de Catalunya en España en la que se puedan estudiar posibles reformas como la del sistema de financiación de las autonomías.
Al Gobierno no se le olvida que el procés arrancó cuando Artur Mas solicitó que la Generalitat pudiese recaudar todos los impuestos devengados en Catalunya al estilo vasco y Rajoy rechazó esa demanda.
El ejemplo del PNV
Además, en el PP consideran que la oferta que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para que Puigdemont acuda a explicar sus planes al Congreso también puede dar una vía de escape al presidente catalán, ya que le permitiría articular alianzas con partidos como Podemos para reconducir la cuestión catalana.
Por lo pronto, Puigdemont ya ha aceptado ese reto. Ayer envió una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, pidiendo cita para explicar sus razones «ante todos los diputados».
Desde el PP, aseguran que hay una parte del PDeCAT que estaría a favor de aceptar una salida, porque coinciden en que el procés ya no tiene recorrido y en que la vía del pacto puede ser mucho más beneficiosa para Cataluña, sobre todo, después del reciente acuerdo entre el Ejecutivo y el PNV que ha reportado 1.400 millones de euros a las arcas vascas.
La clave está en las urnas
Pero esta oferta no implica que el Gobierno vaya a bajar la guardia ante el 1-O. Rajoy ha repetido por activa y por pasiva que el referéndum no se va a celebrar. Lo impedirá, aunque sin recurrir a medidas de fuerza.
El PP cree que el independentismo busca que el Estado use la violencia para cargarse de razón.
Rajoy, que nunca pierde los nervios, no va a caer en esa trampa y apuesta por actuar siempre con «proporcionalidad».
Su principal objetivo, a corto plazo, es impedir que las urnas salgan a la calle.
Cuando la Generalitat cierre el contrato de la compra de urnas, que ya ha sacado a concurso, el Gobierno lo recurrirá en busca de una resolución que le permita precintar los almacenes y evitar así que se puedan abrir los colegios electorales. Mientras tanto, la Guardia Civil está haciendo llamadas ‘discretas’ a los fabricantes, para enterarse bien del asunto y hacer que vaya calando el mensaje de que esta vez ‘las bromas tienen precio’.
Se da por seguro que los funcionarios no van a contribuir a la celebración del referéndum, al saber que pueden ser inhabilitados y pagar unos multazos de padre y muy señor mío.
A diferencia de lo ocurrido el 9-N, cuando sólo se resistiío a las presiones de la Generalitat una directora de colegio, en esta ocasión no es probable que sean muchos los directores que abran sus centros. A eso se suma que los Mossos puedan pasar a actuar como policía judicial para evitar que se pueda llegar a votar.
En cualquier caso, la principal vía para impedir la consulta pasa por el Tribunal Constitucional.
En el 9-N el Gobierno se sintió engañado por Artur Mas, que decía una cosa en Barcelona y otra distinta en Madrid. Aseguran que no fue un interlocutor fiable y están preparados para que la historia no se repita.
En esta ocasión, Rajoy y las autoridades españolas serán más contundentes. Recurrirán todas las actuaciones de la Generalitat que tengan viso de inconstitucionalidad, instarán a los jueces a que aceleren sus decisiones e irán a por todas, es decir, no pedirán solo la inhabilitación de quienes incumplan las leyes, también instarán procedimientos por los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación si hay indicios de que se ha incurrido en ellos.
SI VIENE AL CONGRESO Y HABLA, SE VOTA
El Gobierno descarta queCarles Puigdemontacuda al Congreso de los Diputados sin que someta su órdago a votación.
Una vez más, los objetivos del Estado y de la Generalitat chocan. Fue Mariano Rajoy quien tendió la mano a Puigdemont el 19 de mayo, el día que le abrió las puertas del Parlamento nacional para que presente su proyecto allí y todos los parlamentarios voten su proyecto para Cataluña.
El president acepta ahora la invitación gubernamental, pero pone condiciones. Según la carta que él mismo ha enviado a Pastor, su objetivo es «que todos los diputados del Congreso puedan escuchar las razones por las cuales hemos llegado hasta aquí y por qué mi Gobierno solicitó dialogar sobre la propuesta de referéndum con el Gobierno español».
Los planes de Puigdemont, sin embargo, son inviables. Los propios letrados de la Cámara Baja ya han anunciado internamente que ni la Constitución ni el Reglamento de las Cortes Generales permite a ningún político acudir al Parlamento «simplemente a hablar».
El Gobierno solo permitirá que el president hable en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados si los 350 parlamentarios representantes de la soberanía nacional tienen después de escucharlo derecho a voto. En ningún caso se plantean permitir a Puigdemont «salirse con la suya».
