El Teatro Nacional de Cataluña dispone de 5 días para dar información
Pocas cosas hay en España tan fiables como la Guardia Civil. Como dice el chsite y aunque los agentes de la benemérita ya sólo lo luzcan en las ceremonias de gala, basta la vista de un tricornio, pàra que el personal se enderece.
Y por ahí, mientras el Gobierno Rajoy apenas musita para no levantar olas, parecen andar las cosas. Agentes de la Guardia Civil acudieron este 13 de julio de 2017 al Teatro Nacional de Cataluña (TNC) para presentar un auto del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en el que se le notifica que dispone de cinco días para informar de datos sobre el acto en el que se anunció la ley con la que se pretende convocar el referéndum de independencia el próximo 1 de octubre.
El requerimiento fija un plazo de cinco días para que los responsables del Teatro Nacional de Cataluña ofrezcan al juez la información relativa a los responsables de la organización del ‘aquelarre’ ilegal.
También, de los encargados de pagar el acto celebrado el pasado 4 de julio en el que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, trataron de convencer a la ciudadanía de que el referéndum del 1-O tiene las garantías democráticas de una votación de estas características.
El TNC, a cuyos gestores no les cabe ya ni un cachuete a martillazos del susto que les ha entrado, alega para quitarse responsabilidades que alquila sus espacios más de 70 veces al año.
PUIGDEMONT PIDE ARNICA
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, habría pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado mes de mayo «una salida» a la disyuntiva política que vive Cataluña a cuenta del proceso independentista.
Según informa este jueves el diario La Vanguardia, el mandatario catalán quiso mantener abierta la vía negociadora con Moncloa a través de políticos y destacados empresarios, que habrían sido los encargados de transmitir a Rajoy el deseo de Puigdemont de buscar una solución consensuada.
La reunión secreta de Rajoy y Puigdemont en Moncloa el pasado 11 de enero evidenció que no cabía posibilidad de acuerdo, pasando entonces el líder de ERC y vicepresidente del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, a ser el principal interlocutor del Govern con Madrid.
Aunque la sintonía de Junqueras con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría era buena, como pudo verse en la inauguración del Mobile World Congress de Barcelona, el presidente catalán prefirió tener su propio canal de comunicación con la Moncloa.
Esta «salida» pasaba, a criterio del Gobierno, por rescatar los 45 puntos que el propio Puigdemont había planteado en abril de 2016 en su visita a Moncloa y que estaban centrados en una mayor dotación económica para infraestructuras e inversiones sociales en Cataluña.
Sin embargo, el presidente catalán ya había puesto sobre la mesa un punto 46: la celebración de un referéndum de independencia pactado con el Ejecutivo central.
Una reivindicación que Moncloa no pudo aceptar en ningún momento y en la que Puigdemont no tenía opción de retroceder: «No puedo».
Al entender Puigdemont que negociar los otros 45 puntos aparcando el referéndum podría verse en Cataluña como una «claudicación» ante Madrid, las vías de comunicación se apagaron y comenzó el verdadero proceso de ignición que se está viviendo ahora, con el Govern preparando la Ley de Referéndum y el Estado previendo lo que pueda ocurrir el 1 de octubre.
