La decisión del Ejecutivo catalán se debe al "estado de acoso", por "vías convencionales y no convencionales", por parte del Estado español
Se han cagado. Casi literalmente. Porque tras varios días de sacar pecho, vociferar que sería un honor asumir todas las responsabilidades y consecuencias de retar al Estado español, a la primera se han encogido (Cataluña: La primera en la frente).
Y en lugar de comprar las urnas para el referéndum independentista que -según ellos- celebrarán el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, se han puesto a hablar, no han firmado nada y al final han intentado taparse el culo declarando que lo que prima ahora es «analizar opciones» (Cataluña: La mano a la cartera).
Una vez purgado el Govern de consejeros ‘tibios’, metido de jefe de los Mosso a un cavernario furibundo y traspasadas las competencias de consultas y referéndums de la conselleria de Governació a la de Economia de Oriol Junqueras, se esperaba que este martes 18 de julio de 2017 se anunciara la compra de las urnas para el referéndum del 1-O (Pillan a estos oprimidos separatistas catalanes ‘sufriendo’ por Cataluña por culpa del Estado español).
Así lo había anunciado el propio Ejecutivo catalán, pero no ha sido así (Cataluña o el deterioro inexorable de la democracia).
El Govern se ha limitado a anunciar la aprobación de esa reestructuración y que ha «analizado y compartido» los itinerarios posibles para la compra de las urnas, y que a partir de ahora serán mucho más herméticos a la hora de dar cualquier información que pueda llevar al traste con el objetivo o pueda ser usada por el Estado para obstaculizarlo.
En la primera rueda de prensa en la que el conseller de Governació, Jordi Turull, ha ejercido como portavoz del Govern, el dirigente ha anunciado algo que ya ha sido publicado este martes en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), el acuerdo por el cual la vicepresidencia asume la competencia de procesos electorales y consultas populares, antes estaba en manos de la conselleria de Governació y que le valió a la consellera Meritxell Borràs una querella como consecuencia de la licitación del procedimiento público para la compra de urnas.
Aparte de esto, en cuanto al referéndum, el Ejecutivo de Puigdemont se ha limitado a analizar los «itinerarios dentro de la ley y de la legislación vigente» para la compra de los receptáculos.
