Si se dividen entre los cuatro considerados responsables los 5,12 millones que costó la patochada del 9-N, deberán garantizar 1,28 millones cada uno de ellos
El Tribunal de Cuentas ha emitido sendos autos que abren el procedimiento que conduce a exigir a Artur Mas y a sus colaboradores en la Generalitat el pago de los más de 5 millones que costó al erario la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014 para la secesión (Cataluña: La primera en la frente).
El Tribunal de Cuentas ya ha notificado a las partes un auto en el que desestima un recurso de la Generalitat de Cataluña para frenar el proceso y otro en el que se activa el nombramiento de un delegado instructor para que abra el expediente por responsabilidad contable de los organizadores del 9N que usaron dinero público sin justificación legal (Cinco mentiras sobre el referéndum independentista en Cataluña).
Esta vía conllevará exigir una fianza o el embargo preventivo de bienes a los responsables.
El Departamento de Enjuiciamiento II del Tribunal de Cuentas, que preside la ex ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, ha lanzado de este modo el procedimiento que obligará a la vuelta del verano a Mas y los consellers en la época de los hechos Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega a responder con su patrimonio.
El delegado instructor tiene poderes legales para exigirles que depositen una fianza o el embargo preventivo para asegurarse de que tienen dinero para responder.
Si se dividen entre los cuatro considerados responsables los 5,12 millones que, según la Sociedad Cívica Catalana denunciante y el fiscal del Tribunal de Cuentas costó el 9-N, deberán garantizar 1,28 millones cada uno de ellos.
