La Generalitat ha intentado invisibilizar al resto del Estado, sobre todo al Gobierno y ha mentido en lo que se refiere a los fondos destinados a los Mossos
Ahora sólo nos resta esperar que al Gobierno de España no le tiemblen las piernas y que Mariano Rajoy aplique sin vacilaciones la ley, sobre quienes intentan dar un ‘golpe de estado’ incruento y proclamar por las buenas la independencia de Cataluña.
Restan justo 36 días para la fecha elegida por los soberanistas para su ‘aquelarre’ y todavía no sabemos que medidas concretas, sanciones y alternativas pondrá en marcha Rajoy. Lo de Carles Puigdemont, Junqueras, los zarrapastrosos de la CUP y compinches parece bastante claro.
Como subraya el diario ‘El País‘ en su editorial de este 26 de agosto de 2017, transcurrida una semana de los atentados de Barcelona y Cambrils, el president de la Generalitat, que ha demostrado que solo sabe hacer política en la confrontación, ha hecho todo lo posible por poner fin al consenso que, siquiera fugazmente, se había impuesto en la escena política de un país conmocionado.
Y para empeorar las cosas, lo ha hecho -debemos presumir que con toda la intención-, en vísperas de la manifestación que todas las fuerzas políticas habían convocado hoy en Barcelona con el objetivo de hacer patente la unidad contra el terrorismo yihadista y servir de base para forjar un nuevo consenso político en la lucha contra esta lacra.
Sus acusaciones al Gobierno de haber jugado, por motivos políticos, con la seguridad de los catalanes al retener fondos y aumentos de plantillas para los Mossos son infundadas y no responden a la realidad.
Su objetivo manifiesto es sembrar dudas sobre la actuación del Gobierno para, a continuación, utilizar los atentados para allanar el camino de la independencia.
Según Puigdemont, los atentados no deben cambiar la agenda secesionista, pues según él eso sería dejar que el terrorismo conformara la agenda política. Y, sin embargo, a renglón seguido utiliza los atentados para justificar la necesidad de la independencia pues, según su particular lectura, solo un Estado independiente catalán podría luchar eficazmente contra el terrorismo.
Todo un disparate cuando precisamente la lección más evidente de estos atentados es la necesidad de contar con una cooperación presidida por la máxima lealtad y confianza entre personas e instituciones. Todo lo contrario de lo que siembra Puigdemont en sus declaraciones.
Si hay algo evidente en la gestión informativa y operativa que la Generalitat ha hecho de los ataques terroristas ha sido su empeño en invisibilizar al resto del Estado, especialmente al Gobierno, el Ministerio del Interior, la policía y la Guardia Civil.
El protagonismo que el Govern y los Mossos han asumido tenía una intencionalidad que iba más allá de la puramente operativa: se trataba de utilizar los atentados, para demostrar que Cataluña ya estaba madura para la independencia y que podía asumir con toda eficacia y normalidad competencias estatales en materia de terrorismo.
Que el Gobierno de la nación se haya prestado indirectamente a esta estrategia, con su práctica desaparición de la escena durante más de una semana, tiene que ver en parte con los calendarios e imperativos impuestos por la investigación de los atentados, que primaba el papel de los Mossos como fuerza policial integral y plenas competencias desplegada en el escenario de los atentados.
No obstante, también es evidente que se ha debido a un cálculo político de oportunidad basado en la intención de no querer ser visto como el desencadenante de fricciones o dificultades que pudieran volverse en su contra.
Concluida la primera fase de la operación policial, llega ahora el turno de la investigación de los hechos, que solo la Audiencia Nacional y el Ministerio del Interior pueden dirigir.
Igual que el Gobierno ha sido leal y respetuoso con el papel de los Mossos y el Govern -ya hemos dicho, hasta la exageración-, toca ahora a la Generalitat aceptar el liderazgo del Estado y trabajar lealmente al lado de la policía, la Guardia Civil, jueces y magistrados y servicios de inteligencia.
Como señaló este 25 de agosto el presidente del Gobierno pese a su tardía aparición -una semana es demasiado tiempo de ausencia en estas circunstancias-, corresponde ahora al Gobierno y a las fuerzas políticas con representación parlamentaria abrir un proceso de evaluación y reflexión sobre qué lecciones debemos extraer de estos atentados, incluyendo el examen de la conveniencia de abrir una comisión de investigación parlamentaria.
Una reflexión que, como no podía ser de otra manera, debería incluir también a los Mossos d’Esquadra y que el Govern hace mal en rechazar atribuyéndolos a «intentos de desprestigio».
Rendir y exigir cuentas es la esencia de la democracia, y tanto políticos como responsables policiales deben ser los primeros interesados en aprender de los hechos para mejorar su actuación.
Ya basta de oportunismo y de fanatismo en esa quimera independentista que nos divide y nos hace a todos más vulnerables.
