Como consecuencia de sus caprichos, la Generalitat se ha vuelto internacionalmente insolvente
LOS independentistas catalanes han desarrollado a lo largo de los últimos años un discurso lleno de falacias, cuyo único fin ha sido ocultar su desastrosa gestión al frente de la Generalitat, al tiempo que vendían a sus electores las supuestas bondades que supondría la consecución del tan ansiado soberanismo.
Fruto de esta estrategia es el manido «España nos roba» que blandieron los nacionalistas durante la crisis para descargar su propia responsabilidad como gobernantes sobre los hombros del resto de españoles, así como las promesas de mayor gasto público, prosperidad y empleo que, según ellos, proporcionaría su hipotética república catalana. Sin embargo, tal diatriba, dista mucho de la realidad.
La última prueba de ello es la «ley de transitoriedad» que Junts pel Sí y la CUP presentaron esta semana en el Parlamento regional para poner en marcha el proceso de «desconexión» tras el anunciado referéndum del próximo 1 de octubre.
Según este texto, los independentistas se apropiarían de forma automática y gratuita de todas las infraestructuras e inmuebles estatales radicados en suelo catalán, pero es que, además, ocultan la colosal deuda pública que heredarían todos los catalanes como consecuencia de su plan.
En este sentido, cabe recordar que Cataluña es la autonomía más endeudada de España en términos nominales, con más de 75.000 millones de euros, lo cual equivale al 35,2% de su PIB.
Los años de despilfarro e ineficiencia en el manejo de las cuentas públicas han dado como resultado un abultado déficit y una creciente deuda, hasta el punto de minar por completo la solvencia de la Generalitat, motivo por el cual el Gobierno central tuvo que acudir al rescate mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para garantizar el pago de los sueldos públicos y la prestación de los servicios esenciales. A esta cuantía hay que sumar los 4.700 millones de deuda que acumulan las entidades locales catalanas y los 2.000 millones extra que deben sus empresas públicas, con lo que la deuda autóctona asciende a un total de 82.000 millones de euros.
Lo que no dicen los independentistas en su «ley de transitoriedad» es que esta elevada factura se dispararía por encima de los 265.000 millones de euros en caso de lograr la independencia, ya que Cataluña tendría que asumir otros 183.000 millones de la parte proporcional que le corresponde en la deuda del Reino de España, una cantidad equivalente al 18% que representa su población y su PIB en el conjunto del país.
Su proyecto de república catalana nacería, pues, con una deuda pública próxima al 124% de su PIB, como mínimo -sin tener en cuenta la fuerte recesión que implicaría la independencia-, lo cual no solo haría inviable su sostenibilidad financiera, sino que daría al traste con las promesas económicas de los soberanistas. La Generalitat sigue vendiendo simples quimeras.
