El expresidente catalán y otros 10 altos cargos, citados para comunicarles la factura

El Tribunal de Cuentas exige a Artur Mas que pague ya 5 millones por la patochada del 9-N

El organismo convoca al 'expresident' para liquidar los gastos el 25 de septiembre; de lo contrario, embargará sus bienes

El Tribunal de Cuentas exige a Artur Mas que pague ya 5 millones por la patochada del 9-N
Artur Mas. CT

Mas, Ortega, Rigau y Homs fueron condenados a penas de inhabilitación por un delito de desobediencia, pero siguen tan panchos

El Tribunal de Cuentas ha citado a los responsables de la consulta ilegal del 9-N de 2014 para comunicarles la «Liquidación Provisional» de los gastos que tendrían que pagar de su bolsillo.

El órgano fiscalizador llama a Artur Mas, a sus tres exconsejeros Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, y a otros siete altos de la Generalitat para que comparezcan el próximo 25 de septiembre.

Son solo seis días antes del referéndum ilegal del 1-O, lo que se debe entender como un ‘timido’ mensaje para los convocantes de este nuevo desafío al Estado Español (Alfonso Rojo: «Mariano, dónde más les duele, que es la cartera» ).

La evidente ‘aceleración’ de los trámites ha sido duramente criticada esta tarde por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ha acusado al Tribunal de Cuentas de saltarse «las garantías fundamentales como el derecho de defensa y las garantías procesales».

Ha concretado que el organismo ha decidido acelerar esa tramitación «sin esperar a recibir los expedientes que nos habían pedido».

Puigdemont y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ven premeditación en la notificación, al efectuarse solo un día antes de que el Parlament prevea aprobar la ley del referéndum que se celerará el 1-O.

El presidente catalán ha señalado que las instituciones del Estado «han dado un salto cualitativo para fomentar el miedo para evitar lo inevitable». Su número dos ha dicho que «se ha forzado a sesgarz la interpretación de la ley».

El organismo ha tenido que individualizar las cantidades a pagar por cada uno de los responsables políticos, que deberán abonarlas. Si no lo hacen, el tribunal embargará de inmediato cuentas y bienes de los afectados para resarcir al erario público el dinero gastado indebidamente en la consulta.

Mas, Ortega, Rigau y Homs fueron condenados a penas de inhabilitación por un delito de desobediencia, pero siguen tan panchos.

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