Han recibido òrdenes verbales de sus jefes para que miren para otro lado siempre que puedan

Los Mossos se pasan por la entrepierna la orden de la Fiscalía de impedir el referéndum ilegal

El ministerio público acusa a la policía catalana de “ponerse de perfil” ante la convocatoria separatista

Los Mossos se pasan por la entrepierna la orden de la Fiscalía de impedir el referéndum ilegal

Trapero transmite lo que dice la fiscalía, pero realmente no transmite qué se tiene que hacer

Se están pasando por la entrepierna la orden que les dio la Fiscalía de impedir el referéndum ilegal del 1-O de 2017. Lo cuentan con todo detalle en ‘El País‘ este 20 de septiembre de 2017 los periodistas José Antonio Hernández, Rebeca Carranco y Jesús García

La Fiscalía, como no podía ser de otro modo, tiene un cabreo de aupa:

«Los Mossos se han puesto de perfil y no están haciendo nada».

No descartan la adopción de medidas legales contra los responsables de este cuerpo policial autonómico, si persiste la ausencia de celo en el cumplimiento de la instrucción que dio la Fiscalía Superior de Cataluña el 12 de septiembre a los cuerpos policiales -Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos- para que requisasen urnas y material de la consulta.

La Fiscalía Superior de Cataluña celebró este 19 de septiembre una reunión -la segunda en una semana- con los máximos responsables de los cuerpos en la comunidad para analizar la evolución de las tareas policiales tendentes a evitar el referéndum independentista.

En ella, la Guardia Civil y la Policía Nacional lanzaron reproches al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por la falta de colaboración de sus agentes (en torno a 17.000) en impedir los preparativos del 1-0, según han indicado fuentes presentes en la reunión (El cabecilla de los Mossos independentistas anuncia que desobedecerá a la Fiscalía ‘fascista’).

Hubo elogios para policías locales de municipios catalanes que sí están elaborando informes y requisando documentación favorable a la votación. Incluso han facilitado pistas de supuestos delitos a los Mossos que estos no han indagado.

En algunos municipios, la colaboración de agentes locales está derivando en amenazas de ediles secesionistas para estos agentes y sus familiares, según las citadas fuentes. Incluso en las escuelas y entre alumnos. La fiscalía ha ordenado que se investigue a quienes están detrás de tales amenazas y que se actúe contra ellos.

La desconfianza en los Mossos llega ahora al extremo de que, días antes del 1-O, el jefe Trapero será requerido nuevamente por la fiscalía para que indique claramente cuál será la actitud de sus agentes el día de la votación; es decir, si velarán por mantener las urnas, como pretende el consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, o se someterán a la instrucción de la fiscalía.

El 12 de septiembre la fiscalía citó por primera vez a los mandos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos y les dio por escrito una instrucción cuyo contenido está destinado a evitar la consumación por parte del Gobierno de la Generalitat del referéndum.

Ante el fiscal superior de Cataluña, Trapero se comprometió a acatar la instrucción, y el mismo día la remitió en su integridad a todos sus subordinados.
Sin órdenes operativas

Pero desde entonces, la actividad antireferéndum de los Mossos ha sido prácticamente nula, según fuentes del ministerio público.

El problema, aseguran fuentes de los Mossos, es que los agentes no tienen órdenes operativas concretas. Trapero hizo llegar a los mossos una instrucción genérica, en la que informaba de la orden de la fiscalía.

Algunos la recibieron a través de correo electrónico; a otros, en la mayoría patrulleros de las comisarías, les fue leída por sus jefes cuando empezaron su turno aquel día.

«Fue algo genérico, nada más. No hay mucho interés en que se actúe, la tensión es baja», asegura una fuente de Mossos, que explica que algunos policías sienten incluso «vergüenza» al ver que la mayoría de las actuaciones quedan en manos de policías locales y la Guardia Civil.

«No es normal».

Lo que sí han repetido sus responsables políticos es que los Mossos garantizarán la seguridad y el orden público.

El Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), el segundo en representatividad en el cuerpo, envió una carta al director de los Mossos, Pere Soler, el 15 de septiembre en la que pedía que se «redacte» una «instrucción» o un «procedimiento normalizado de trabajo» donde quede reflejado «de manera entendedora y sin dar lugar a una doble interpretación o confusiones, la forma de actuar» de los Mossos ante el referéndum.

En concreto, el sindicato pide saber cómo proceder cuando vean a particulares, funcionarios o trabajadores públicos que lleven a cabo cualquier «tipo de publicidad sobre el referéndum ilegal» como enganchar carteles, colocar pancartas o mítines y si hace falta decomisar el material.

También solicitan instrucciones para instruir las diligencias que deben remitir a los servicios de información (que centralizan las investigaciones) y cómo actuar cuando sean requeridos por políticos, entidades o particulares ante cualquier acto del referéndum.

«Algunos mossos sí que han actuado», afirma el portavoz del SPC, David Miquel, que asegura que ya han enviado a los servicios de información un centenar de identificaciones.

«Tenemos un requerimiento de la fiscalía y estamos dando respuesta al mismo, como siempre hacemos».

Una portavoz de la policía catalana no aclara si están llevando a cabo investigaciones que no hayan trascendido.

«No quitaremos carteles si no nos dicen que lo hagamos», se suma la portavoz del sindicato CAT, María José Dávila, que considera que para los Mossos «acatar la ley es ajustarse a la Constitución».

Igual que el resto de los consultados, subraya que no han recibido ninguna orden concreta.

«Y cada mosso no puede decidir por sí mismo. No se está haciendo absolutamente nada».

«Trapero transmite lo que dice la fiscalía, pero realmente no transmite qué se tiene que hacer«, añade el portavoz del sindicato USPAC, Josep Miquel Milagros. Vaticina que «el papel de los Mossos no pasará por retirar urnas» y espera «directrices bien claras» para el 1 de octubre.

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