La Guardia Civil atribuye al número dos de Junqueras el delito de sedición por el 1-O, que podría aparejar penas de cárcel de entre 10 y 15 años
El juez que ha ordenado la operación contra altos cargos de la Generalitat de Cataluña por organizar el ilegal referéndum de independencia investiga, entre otras cosas, si Puigdemont, Junqueras y compañía han ha gastado 6,2 millones de euros de dinero público en organizar la consulta prohibida.
En el auto en el que ordena las entradas y registros, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer pide a los agentes de la Guardia Civil que «localicen, intervengan y pongan a disposición judicial» cualquier documentación relacionada con dos partidas presupuestarias que suman 6,2 millones.
La resolución ordena a la Guardia Civil las entradas y registros que se practicaron el miércoles en departamentos de la Generalitat, despachos profesionales y domicilios.
El juez ordena a los agentes que se incauten de todo tipo de material: archivos, cajas fuertes, documentación física, equipos informáticos, discos duros remotos, etcétera.
En particular, Ramírez Sunyer solicita que se localice y se intervenga toda la documentación «relacionada con los hechos investigados, la mencionada celebración del referéndum y la planificación, construcción y puesta en funcionamiento de las estructuras de Estado».
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