La estrategia llevada a cabo por la empresa del marido de Silvia Clemente, Patatas Meléndez, para ingresar la subvención que le fue concedida por la Consejería que presidía su mujer, les está dando verdaderos quebraderos de cabeza y ha concluido por ahora, con la investigación del TSJ por una posible manipulación en el expediente.
Hay que recordar que mucho antes de mantener una relación, Patatas Meléndez ya era una de la grandes empresas agroalimentarias de Castilla y León, puesto que debido al ruido mediático que está levantando el caso, parece que la empresa ha nacido y crecido al rebufo de la relación de la pareja y que actualmente genera empleo y dinamiza la economía en la localidad de Medina del Campo, una de las localidades que peor ha gestionado la crisis económica de los últimos años y que padece mayor número de parados de la comunidad autónoma, donde tiene las instalaciones la empresa patatera.
El caso se circunscribe a que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso planteado por Patatas Meléndez SL para recuperar la ayuda, que inicialmente le fue aprobada en 2009, cuando Clemente era consejera de Agricultura y pareja del solicitante y que le fue denegada en 2017, ya con Milagros Marcos al frente del departamento agropecuario.
El problema para la empresa comienza cuando la Consejería, debido a un control del expediente y bajo la lupa de la Dirección General de Competitividad examina la documentación y constata un posible incumplimiento de las bases.
De las 14 tareas que incluía la concesión de la subvención, solo aparecen 6 justificadas y, de ellas, 4 ya se habían incorporado como justificación de otra subvención concedida en 2008 y pagada en 2013 por la que la empresa recibió 866.576 euros. Las materias primas que se pretenden justificar resultan desproporcionadas.
Fue entonces cuando desde la Dirección General se dictamina la pérdida del derecho al cobro de la ayuda. De los 628.000 euros que la empresa imputa, solo serían subvencionables 209.000. Al estar esta cantidad por debajo del 50% del gasto auxiliable (598.000 euros), las bases determinan que no procede el pago, lo que supuso que Patatas Meléndez judicializara el caso, llegando a marzo de 2018, cuando el ITACYL traslada el expediente a la Fiscalía y esta lo traslada al juzgado.
