(PD/Agencias).- Llueven críticas hacia la Cámara Alta por las modificaciones introducidas al proyecto de Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, antes conocida como LAECAP. Las enmiendas aprobadas han eliminado la definición de estándares abiertos y no garantizan que las tecnologías usadas por las Administraciones pasen a ser de dominio público, según sus críticos.
De hecho, el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, que deberá ahora volver al Congreso para su tramitación, establece como un principio general que las Administraciones Públicas utilicen «estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos».
Según indicó el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, la norma permitirá a los ciudadanos utilizar los programas y el ‘software’ que deseen, de forma que tanto los usuarios de ‘software’ libre como los vinculados a multinacionales puedan hacer sus trámites administrativos sin problemas, informa EFE.
En este sentido, el portavoz del Grupo Mixto, Eduardo Cuenca Cañizares, criticó este aspecto del proyecto ya que en su opinión obliga a las Administraciones a utilizar los estándares «más usados» y no solamente los libres (principio de ‘neutralidad tecnológica’, artículo 4i), lo que convierte a los ciudadanos en «rehenes de una multinacional», indicó.
Algunos grupos de usuarios que siguen de cerca la tramitación de esta ley aseguran que se trata de un «recorte de derechos». La asociación Hispalinux, por ejemplo, se quejó en una nota que el texto podría obligar tanto a los ciudadanos como a las Administraciones «a ser clientes obligatorios de una multinacional informática (en referencia a Microsoft, cuyo ‘software’ está presente en casi todos los ordenadores) para comunicarse entre sí o tramitar cualquier asunto».
LOS DERECHOS DEL CIUDADANO
El texto concede el derecho a los ciudadanos «a elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos» (Art. 6). En opinión de los grupos críticos, como la Asociación de Internautas, esta ‘coletilla’ abre la puerta a que los ciudadanos se vean obligados a utilizar estándares ‘cerrados’.
Asimismo, dicha asociación muestra su preocupación por la eliminación del proyecto de la definición de ‘estándar abierto’. Según una enmienda del Senado introducida por los nacionalistas vascos, dicha definición se elimina porque su definición «no sólo no aporta nada, sino que corre el riesgo de encorsetar la acción de las Administraciones Públicas, ante un concepto legal que puede quedar obsoleto en un corto lapso de tiempo».
La Cámara Alta también ha rechazado las modificaciones encaminadas a garantizar que cualquier ciudadano pudiese utilizar el ‘software’ pagado por las Administraciones para «cualquier propósito» —copia, modificación y redistribución con o sin cambios— «siempre que las obras derivadas mantuviesen esa misma licencia», según solicitaba el Grupo Mixto.
Por último, tampoco se contempla en el texto el acceso de los ciudadanos al código fuente del ‘software’ usado en los trámites administrativos.
El proyecto sigue ahora su trámite parlamentario con más de 45 enmiendas incorporadas en el Senado.
