(PD).- Ecologistas en Acción ha pedido una moratoria para la implantación en España de antenas WiFi, que permiten el uso de dispositivos sin hilos, y sustituirlos por sistemas de cableado en centros de enseñanza, edificios públicos, universidades y ambientes laborales.
En su revista ‘El Ecologista‘, la ONG se queja de la contaminación electromagnética que generan estos dispositivos que, «incluso con los límites actuales de seguridad, pueden producir problemas muy graves de salud».
Según explica Ecologistas en Acción, la proliferación del WiFi ha provocado un mayor uso de tecnologías basadas en las radiofrecuencias y microondas para su conexión inalámbrica.
Citando el ‘BioInitiative Report‘, informe presentado en septiembre de 2007 por un grupo internacional de científicos, investigadores y profesionales de la salud pública, Ecologistas en Acción afirma que estos campos electromagnéticos pueden dañar el ADN de las células, causar reacciones inflamatorias, alérgicas y cambiar funciones inmunes normales, «dentro de los niveles permitidos por los actuales límites de seguridad y límites legales».
Además, critica la facilidad para comprar antenas WiFi y para que «cualquiera monte una estación base en su casa».
Una moratoria
Por lo tanto, la ONG considera necesaria una moratoria en su implantación, «al menos» en centros de enseñanza, bibliotecas y edificios públicos, universidades y centros laborales, y su sustitución por sistemas ADSL de cableado coaxial o fibra óptica.
Esta ONG ecologista se ha unido a organizaciones vecinales y sociales de toda Europa para celebrar mañana el ‘día contra la contaminación electromagnética’ y alertar del «alarmante» aumento de la contaminación que producen los campos electromagnéticos de baja frecuencia de las líneas eléctricas y subestaciones y transformadores, y la de las antenas estaciones base de telefonía móvil y otras infraestructuras como los sistemas WiFi y WiMAX.
En España, Ecologistas en Acción propone reformar la actual Ley General de Telecomunicaciones y la normativa sobre control del espacio radioeléctrico, así como de la Ley de Sector Eléctrico y los Reglamentos de líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas.
La aplicación del principio de precaución, distancias de seguridad a zonas residenciales y el control restrictivo del despliegue de estas infraestructuras deben ser los criterios básicos a la hora de autorizar la ubicación de este tipo de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones, según opinan los ecologistas.
