(PD).- España se sitúa entre los países europeos con las conexiones a Internet más caras y lentas, ya que un usuario español paga 580 euros anuales con la tarifa más barata, lo que supone 200 euros más que uno francés.
Según indica en su web la Asociación de Internautas citando un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Bélgica, con un coste medio anual de 645 euros, y Reino Unido, con 601 euros al año, figuran en los dos primeros puestos del ‘ranking’, mientras que por detrás de España se situán: Portugal (556 euros), Italia (470 euros), Países Bajos (419 euros), Alemania (419 euros) y Francia (389 euros).
Para realizar este informe, la OCU ha seleccionado las ofertas más baratas en ADSL con o sin bucle desagregado, la más barata de cable y la mejor oferta del antiguo monopolio y ha tenido en cuenta diferentes perfiles de consumidores.
Cuatro de cada diez hogares españoles disponen de una conexión a Internet, que, según la organización de consumidores, sitúa a España bastante por debajo de la media europea, que se encuentra actualmente en un 54%.
La OCU achacó esta situación a la desigualdad de los usuarios ante Internet, ya que «sólo unos privilegiados tienen acceso a las redes de más de un operador, y gracias a ello, a la competencia, mientras que algunos internautas están atados al antiguo monopolio, pues sólo tienen acceso a la red de Telefónica y a los productos que revenden operadores alternativos».
Además, según la OCU, un tercer grupo ni siquiera tiene acceso a la banda ancha, y las soluciones que se les ofrece son «deficientes y caras».
La OCU destacó que, en general, la posición española es mejor en paquetes (voz y banda ancha) que en los accesos independientes, pero aún así percisó que en casi todos los países se encuentra accesos más económicos y con velocidades más altas que las que se ofrecen en España.
Por último, pidió a las autoridades que actúen para acabar con la discriminación en el acceso a Internet de un numeroso grupo de consumidores y tomen medidas eficaces para reducir el precio final que deben pagar los consumidores.
