(PD)-. La blogosfera española anda un tanto revuelta en los últimos tiempos. No ha sentado nada bien que el Ministerio de Cultura negocie con Redtel (organismo que engloba a las operadoras con infraestructura de Red) y las sociedades de gestión de los derechos de autor el próximo marco de las comunicaciones en la Red, dejando de lado a los usuarios. Pero avisan: como se apruebe el sistema de los tres avisos comenzarán una campaña de «bajas masivas de clientes del ADSL más lento y caro de Europa».
Por el momento se han adherido centenares de webs y blogs a la campaña con la publicación en sus sites del manifiesto ‘¿Podrá soportar España 4.000.000 de bajas de clientes la banda ancha?‘. PD ha intentado contactar con las empresas proveedoras de bancha ancha en España pero hasta ahora sólo han dado la callada de respuesta.
El comunicado cifra en 4 millones el número de clientes que se daría de baja de sus servicios de banda ancha, ADSL, y cable si se aprueba el sistema de los tres avisos, basado en el modelo de Francia.
Unas pérdidas que se verían aumentadas, sostienen, por «las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras».
Por el momento, Redtel no entra a comentar la campaña que se gesta en la Red española, si bien quieren dejar claro que «no se está negociando nada». «Son sólo aproximaciones», afirman desde su departamento de prensa.
La blogosfera critica que las sociedades de gestión de los derechos de autor tratan de lograr «prebendas tratando de convencer que el intercambio de archivos es un acto delictivo».
Pero lo más grave de esta situación, prosigue el comunicado, es que las negociaciones «auspiciadas por Cultura» podrían tener unos efectos muy adversos en la cuenta de resultados de «algunas de las empresas más solventes de España».
A continuación, el comunicado íntegro:
«Cerca de cuatro millones de ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha en España en función de su sitio de residencia; a este indicador negativo para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, se le podrían sumar bajas masivas de clientes del ADSL más lento y caro de Europa.
Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha, ADSL y cable que podrían darse de baja si finalmente se confirma el acuerdo que REDTEL está negociando con las sociedades de gestión de los derechos de autor abanderadas por la SGAE para que en España se den tres avisos antes de desconectar o ralentizar la conexión a Internet por usar redes P2P (¿quién es REDTEL?).
A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (”Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario”) y 11 (”Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor, intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.
Sin embargo tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos).
Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España“, publicado por Asimelec, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad)
Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.
Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento».
