(PD).- El Gobierno francés prepara un proyecto de ley para limitar el uso de teléfonos móviles en ciertos edificios estratégicos «por necesidades de seguridad y defensa nacional», informa el periódico ‘Le Figaro‘.
Las sedes de los servicios de espionaje (DGSE) y de contraespionaje (DCRI) serían las primeras en instalar dispositivos que impidan el funcionamiento de teléfonos móviles, de aprobarse el proyecto.
Les seguirían instalaciones nucleares, centros de la Dirección Nacional de Armamento y, eventualmente, todos aquellos sitios en donde se tomen decisiones estratégicas, como el Consejo de Ministros, el Elíseo o, quizá, el propio despacho del presidente de la República.
El Gobierno quiere evitar así que los teléfonos móviles sirvan de «caballos de Troya» y graben conversaciones que puedan comprometer la seguridad del Estado.
Los móviles pueden controlarse a distancia, incluso aunque estén apagados, convirtiéndolos en micrófonos y grabadoras, asegura al diario un agente de la lucha antiterrorista.
La actual legislación autoriza ese tipo de tecnología exclusivamente en las salas de espectáculos y en las cárceles, para evitar que los presos se comuniquen con sus cómplices.
El Estado puede además interrumpir las señales de los móviles temporalmente, para aislar una frecuencia que perturbe momentáneamente las emisiones de un radar, explica el diario, aunque su uso es más habitual de lo que puede parecer.
Los dispositivos que considera el proyecto de ley afectarán «sólo a algunas habitaciones de los edificios concernidos, que serán aisladas electrónicamente», señala «Le Figaro», citando a fuentes próximas al proyecto.
Sin implantación tecnológica avanzada, la precaución con los móviles ha estado siempre en la preocupación de los servicios de seguridad y resulta habitual que un policía exija que sus interlocutores separen las baterías de los teléfonos antes de hacer confidencias sensibles, indica el periódico.
Similar pero más sofisticada es la seguridad en edificios como la Embajada de Estados Unidos en Francia, en donde el visitante, además de tener que someterse a un exhaustivo control, debe dejar su teléfono móvil en la entrada. Protocolos parecidos se repiten en la sede de la DCRI o en la Secretaría Nacional de Defensa.
El precio de estos dispositivos, que se pueden encontrar en Internet, oscila entre los 200 y los 150.000 euros, en función del espacio a bloquear.
Este tipo de tecnología se utiliza en muchos países del mundo de manera temporal para impedir, por ejemplo, que se pueda activar una bomba con un teléfono móvil al paso de un convoy.
Los clientes habituales son cines, teatros, hospitales, museos, galerías o formaciones políticas, que quieren impedir que se filtren telefónicamente sus conversaciones, motivo por el que en 2007 el ex líder del partido socialista francés François Hollande se sirvió de un inhibidor para «apagar» los móviles en ciertas reuniones estratégicas, recuerda «Le Figaro».
