Las discográficas sientan en el banquillo al creador de los programas P2P y le reclaman 13 millones

Las discográficas sientan en el banquillo al creador de los programas P2P y le reclaman 13 millones

(PD).- Este martes ha comenzado el mayor juicio contra la piratería en nuestro país. Las discográficas Warner, Universal, Emi y Sony-BMG han comparecido este martes antes el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, donde hace un año presentaron una demanda contra Pablo Soto Bravo como creado de Blubster, Piolet y Manolito, programas P2P que facilitan el intercambio de archivos.

Este juicio, que continuará el jueves, es el primero que se produce en España por la vía civil, ya que por la vía penal las discográficas se han encontrado con que la actual legislación establece que no es delito la descarga de música si no existe ánimo de lucro. De esta forma, lo que se pone en juego en este juicio, no es sólo una multa multimillonaria: la sentencia sentará un precedente para los casos que vayan llegando a los tribunales.

Las dicográficas reclaman a Soto 13 millones de euros: la cantidad que estiman que han perdido, el equivalente a lo que hubieran facturado si cada unos de los usuarios hubiese comprado una canción de su propiedad.

Autodidacta desde los nueve años

Pablo Soto, que no ha declarado este martes, ha explicado antes de entrar en el juzgado que él como creador de estos programas defiende la «neutralidad de una herramienta que está diseñada para intercambiar archivos de cualquier tipo» y mantiene la teoría de que «no se puede responsabilizar a los fabricantes del uso fraudulento que hagan los usuarios».

Soto, un autodidacta que se puso delante del ordenador por primera vez a los nueve años, que no se siente «el héroe de las descargas ilegales» y que es presidente de su propia empresa, MP2P Technologies, ha recordado que Sony vende también aparatos reproductores y grabadores de imágenes y sonido.

Los demandantes, según ha manifestado Antonio Guisasola, presidente de la asociación Promusicae, a la que pertenecen Warner, Universal, Emi y Sony-BMG, argumentan que Soto desarrolló sus aplicaciones informáticas «con evidente ánimo de lucro» y con «una conducta parasitaria» para obtener provecho de la obra de otros.

«Se vende y actualiza»

Para Guisasola, el software diseñado por Soto «fue creado y se comercializa con la finalidad de intercambiar archivos musicales, por lo tanto alguna responsabilidad debe de tener. No es un programa que está colgado en la red y ya está, sino que se vende y se actualiza constantemente», ha añadido.

Tras un cálculo de los prejuicios causados, las discográficas reclaman al demandado más de 13 millones de euros, y exigen la inmediata clausura de las páginas. Soto argumenta que él no tiene ese dinero, que viaja en transporte público y que, como las discográficas «no han podido con los usuarios ni con las operadoras, van contra el creador del programa, para dejar en la conciencia colectiva que es malo desarrollar este tipo de tecnologías».

Las innovaciones tecnológicas de MP2P Technologies han sido descargadas por millones de usuarios de todo el mundo y permanece en la actualidad como líder del sector P2P y tecnología de consumo, con oficinas en Madrid.

Durante el juicio, los representantes de Sony, Universal, Warner y Emi han resaltado que en ningún momento Pablo Soto se puso en contacto con estas discográficas para utilizar las canciones -todas ellas en las bases de datos que tienen en sus páginas web- que puso a disposición de los usuarios de sus programas.

Antonio Guisasola ha declarado que el precio medio de una canción de un disco es de 72 céntimos de euro, mientras que en Internet tiene un coste medio de 99 céntimos. También, durante el juicio, se ha resaltado la reciente incorporación de sistemas para impedir la copia de discos como el DRM, que, dependiendo de la compañía y de la decisión del artista, se integra o no en el CD.

El pasado mes de abril, el juzgado de lo penal número 1 de Logroño condenó a un joven de 22 años por lucrase con una web que ofrecía enlaces para descargar películas y videojuegos que están protegidos con derechos de autor. La sentencia, pionera en España, le condena a seis meses de prisión y a pagar 4.900 euros por un delito contra la propiedad intelectual.

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